La decisión de mantener el flujo de recursos públicos hacia las obras complementarias de la Presa El Zapotillo insiste en un modelo de gestión hídrica obsoleto, costoso y de alto impacto socioambiental, advirtió la coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia.

La defensora ambiental recordó que desde el año 2000 la Comisión Mundial de Represas dictaminó que la edificación de megapresas dejó de ser una alternativa viable para el abasto de agua a nivel global. Denunció que en México se mantiene un esquema añejo donde cúpulas económicas y políticas controlan la administración del recurso, priorizando el traslado de agua superficial con altos niveles de contaminación, con graves riesgos a la salud pública, mientras se ignora el potencial de los acuíferos.

En ese sentido, González Valencia cuestionó por qué las aguas subterráneas jamás se han considerado dentro de la planeación oficial para abastecer a las ciudades y urgió a transparentar quiénes ostentan el control y las concesiones de los bienes hídricos subsuperficiales.

La titular del IMDEC reprochó que las autoridades estatales y federales incurran en la violación sistemática de tres derechos fundamentales en la ejecución de obras hidráulicas: la consulta previa, la garantía de información transparente y la participación efectiva de las poblaciones afectadas.

Sostuvo que un recuento de los proyectos hídricos en Jalisco demuestra que estos procesos normativos jamás se han cumplido en regla, obligando a los pueblos a litigar e intervenir hasta las últimas instancias para exigir el respeto a sus derechos humanos.

Respecto a las especulaciones sobre la instalación de compuertas en las ventanas vertedoras de la Presa El Zapotillo, González Valencia alertó que las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se mantienen en estado de alerta permanente ante cualquier intento de revertir los acuerdos alcanzados.

La activista enfatizó que la apertura de las ventanas a los 40 metros fue una propuesta técnica construida por los propios habitantes tras más de 18 años de resistencia, por lo que colocar compuertas representaría un peligroso retroceso que pondría nuevamente en riesgo de inundación a los poblados y violaría los compromisos de reparación integral.

AL