Olvidada en el organigrama estatal, la Procuraduría Social es una dependencia pequeña, pero de una enorme responsabilidad.
Así lo definió el titular de ese organismo, Héctor Pizano Ramos, responsable de un equipo de abogados y personal, cuya labor es dar asesoría legal a personas de escasos recursos económicos.
La Procuraduría Social participó en la sesión de Glosa del Informe de Pablo Lemus, ante diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso y el titular informó que este año se aumentó de 45 a 87 las oficinas de atención en las diversas regiones de Jalisco.
Pizano Ramos precisó que este año se ofrecieron 72 mil servicios legales gratuitos.
“En la idea de consolidar un Jalisco mas cercano, una de las principales acciones es nuestra ampliación territorial, es decir, pasamos de 45 a 87 oficinas el día de hoy, duplicando nuestra cobertura. Las y los alcaldes de Jalisco han mostrado voluntad y compromiso para abrir estos espacios dignos, donde los ciudadanos pueden recibir asesoría y defensa legal gratuita”, explico.
A pregunta hecha por el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, el procurador social que los abogados defensores que tiene ese organismo público perciben un salario mensual de 18 mil pesos, cuando según la Constitución, deben ganar lo mismo que los agentes del Ministerio Público, que perciben 32 mil pesos mensuales.
Una de las tareas de los abogados es revisar uno a uno todos los juicios de mujeres privadas de la libertad. Este año, se logró la libertad de 25 mujeres, cuyos juicios estaban en el abandono.
“En 2026 se realizaron 112 entrevistas individuales y actualmente 150 mujeres tienen sus expedientes de revisión y la intervención ya permitió que 25 mujeres ya recuperaran su libertad, mediante mecanismos como la suspensión condicional del proceso y acuerdos reparatorios al acreditar los supuestos legales correspondientes”, puntualizó.
La Procuraduría Social ejerce un gasto este año de 209 millones de pesos y a decir de su titular, es un gasto insuficiente.
Ante ello, el diputado Enrique Velázquez y las legisladoras Adriana Medina, Claudia Murguía y Marta Arizmendi, se comprometieron a revisar la opción de incrementar el gasto en esa área para 2027.
BG









