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Entre el triunfalismo y la precariedad 

El gobierno de la cuarta transformación (4T) ha encontrado en la reducción de la pobreza uno de sus argumentos predilectos para celebrar los supuestos éxitos de su proyecto político. Morena insiste en presentar los avances en materia de ingresos como prueba irrefutable de que México transita hacia una sociedad más justa. Sin embargo, detrás de los desbordantes plácemes gubernamentales existe una realidad bastante menos complaciente: millones de mexicanos continúan enfrentando carencias que difícilmente pueden ocultarse detrás de una transferencia monetaria. 

No se trata de descalificar la disminución de la pobreza, que constituye un avance importante y socialmente deseable. Se trata de cuestionar la pretensión de convertir un indicador en certificado de buen gobierno. Reducir la pobreza por ingresos no equivale a garantizar bienestar cuando las condiciones institucionales para acceder a derechos fundamentales permanecen deterioradas. Una cosa es disponer de algunos pesos adicionales y otra, muy distinta, contar con servicios públicos capaces de garantizar una vida digna. 

La crisis del sistema público de salud evidencia esta contradicción: la falta de medicamentos, la saturación hospitalaria y las dificultades para recibir atención oportuna obligan a numerosas personas a recurrir a consultorios y clínicas privadas, aun cuando sus ingresos son limitados. De esta manera, una parte de los apoyos gubernamentales termina destinándose a pagar consultas, estudios y medicinas que deberían estar cubiertos por los servicios públicos. Se produce así una paradoja: mientras el gobierno presume sus políticas redistributivas, el colapso sanitario traslada a los ciudadanos el costo de resolver individualmente una necesidad colectiva. 

En educación tampoco sobran motivos para el triunfalismo. Las becas constituyen un mecanismo legítimo de apoyo, pero no resuelven por sí mismas el rezago educativo, las deficiencias de aprendizaje, la desigualdad entre escuelas ni las insuficiencias de infraestructura y formación docente. La educación no puede reducirse a entregar recursos para mantener estudiantes inscritos; su propósito es desarrollar capacidades, conocimientos y oportunidades. Confundir cobertura con calidad es otra forma de administrar políticamente las estadísticas. 

La inseguridad añade una dimensión todavía más perturbadora. Los homicidios, las desapariciones, las extorsiones y el control territorial del crimen organizado evidencian que el Estado continúa teniendo enormes dificultades para garantizar uno de sus compromisos elementales: proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos. ¿De qué prosperidad puede hablarse cuando millones de personas viven bajo la amenaza de la delincuencia y la impunidad? 

A estas contradicciones se suma la presión sobre las finanzas públicas. El endeudamiento gubernamental obliga a preguntarse si el gasto está generando capacidades productivas e institucionales suficientes para sostener el desarrollo. El problema no es endeudarse, sino hacerlo sin que los recursos se traduzcan proporcionalmente en mejores hospitales, escuelas, infraestructura y seguridad. Una deuda creciente puede comprometer el margen presupuestario de las próximas generaciones, especialmente cuando el costo financiero compite con otras prioridades sociales. 

El problema de fondo es la concepción de bienestar que ha promovido Morena: una política social cada vez más identificada con la distribución de apoyos económicos, pero insuficientemente acompañada por el fortalecimiento de instituciones y servicios públicos. Las transferencias son necesarias, pero no sustituyen al Estado de bienestar. Cuando el gobierno confunde redistribución con desarrollo, termina administrando la vulnerabilidad en lugar de erradicar sus causas. 

@Ismaelortizbarb

BG/I