En una mesa de trabajo convocada en el Congreso de Jalisco, diputadas, autoridades judiciales y especialistas analizaron la importancia de reconocer el acecho como un delito autónomo. La iniciativa busca sancionar conductas de seguimiento, vigilancia o intimidación reiteradas que afecten la seguridad, libertad e intimidad de las mujeres.

Durante la sesión se discutieron agravantes, medidas de protección, implicaciones digitales y coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer el dictamen antes de su aprobación y prevenir delitos de alto impacto como feminicidios y desapariciones forzadas.

Gabriela Cárdenas, explicó que el acecho implica vigilar, seguir o intimidar reiteradamente a una persona con el fin de causarle temor o daño, y subrayó que su tipificación busca reducir delitos de alto impacto.

A su vez, la diputada Norma López, explicó que el dictamen en análisis propone incorporar el artículo 193 bis para sancionar con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de 5 a 20 UMA a quien “siga o vigile persistentemente a alguien en contra de su voluntad, atentando contra su seguridad, libertad e intimidad”. La legisladora destacó que la conducta deberá ser reiterada al menos tres veces y alterar la vida cotidiana de la víctima, precisando que la sanción es proporcional al daño causado.

La magistrada Miriam Rincón, del Supremo Tribunal de Justicia, advirtió que el acecho es un antecedente común en casos de violencia extrema y su omisión en el Código Penal constituye una forma de violencia institucional. Propuso incluir agravantes para cuando el delito se cometa por interpósita persona o mediante medios electrónicos, en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Asimismo, Sofía García, coordinadora del OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres, manifestó su preocupación por la reducción de las multas planteadas en el nuevo dictamen, al pasar de 100-500 UMA a 5-20 UMA, lo que dijo, “minimiza la gravedad del delito”. Pidió también armonizar el Código Nacional de Procedimientos Penales para fortalecer la investigación de pruebas digitales.

La diputada Gabriela Cárdenas cerró la sesión comprometiéndose a incorporar las propuestas planteadas, particularmente las relacionadas con agravantes y medidas de protección, y anunció la realización de una mesa técnica interna con legisladoras y autoridades de procuración de justicia para fortalecer el dictamen antes de su aprobación.

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