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Descarado
El voto despojando afores
Desde la oficina del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se marcó una prioridad para la Subsecretaría de Administración: solventar los más de 17 mil millones de pesos en irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Para lograrlo, se contrató a una empresa de Veracruz. Sin embargo, parece que no será tan sencillo.
Las irregularidades que se encontraron se refieren principalmente al sector salud, tanto en el Seguro Popular como en la propia secretaría. En el primero de los casos, la mayor parte de los señalamientos, más de 3 mil millones de pesos, corresponden a la gestión de Antonio Cruces Mada, mientras que en el segundo es compartida entre Jaime Agustín González Álvarez, el primer secretario del actual gobierno, y su relevo Cruces Mada.
Los señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación a los recursos que entrega el gobierno de la República al estado de Jalisco para salud están relacionados con subejercicios y recursos que debieron devolverse y no sucedió, compras a sobreprecio de medicamentos, irregularidades en la nómina, rendimientos de las cuentas bancarias que desaparecieron, entre otros puntos más.
A todo lo anterior se suma un gran desorden. Entre los trabajadores del gobierno del estado que están encargados de las aclaraciones aseguran que hay un oficio emitido por la Secretaría de Salud, cuando el titular era Cruces Mada, que muestra el manejo que daban a la dependencia. Ante los requerimientos de la ASF sobre aclaraciones, respondieron que no tenían personal ni tiempo para responder. Por supuesto, este caso terminó en observaciones del órgano de fiscalización federal.
Eso sin contar la falta de archivos, el desorden en los documentos y el faltante de respaldos. Todo, sumado a la cuenta atrás en el tiempo del que dispone el gobierno de Sandoval Díaz para hacer las aclaraciones antes que llegue diciembre, cuando concluirá su administración.
Una de las estrategias que sigue el gobierno del estado para ganar tiempo es la implementación de procesos administrativos contra los funcionarios públicos responsables de las anomalías, especialmente los de niveles más bajos. Estos procedimientos se presentan ante la ASF para argumentar que ya se está actuando, aunque en la realidad no haya sanciones ni se recuperen los miles de millones de pesos cuyo gasto no se ha justificado.
Lo anterior sólo permite a Jalisco que sus observaciones sean “parcialmente solventadas”, pero eso no significa que los recursos se hayan devuelto.
Además, en el caso del dinero que sí ha podido recuperar la Federación y que con ello se tiene ya por solventada la observación es dinero que no se invirtió en las necesidades de la entidad, lo cual es más grave si se toma en cuenta que una buena parte corresponde a salud.
Todo esto, además de la contratación de Empresarial Consultores, empresa a la que han pagado más de 46.8 millones de pesos, para que les ayude a solventar las irregularidades señaladas por la ASF.
Según lo señalado por el subsecretario de Administración, Mauricio Gudiño, ya en los informes que entregaría la Auditoría Superior de la Federación al Congreso de la Unión se notarían las aclaraciones que han hecho. Sin embargo, en el primero de 2017 se ratificaron más de 4 mil millones de pesos tan sólo de seis programas, de los cuales la mayor parte corresponden a recursos del Seguro Popular del periodo que va de 2012 a 2016.
Así que el tema no pinta fácil para el gobernador Aristóteles Sandoval, quien sigue colocándose entre los primeros cinco mandatarios del país con más señalamientos.
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JJ/I