Parecía que con la emisión de las convocatorias para el reordenamiento del transporte público y las primeras nuevas rutas se avanzaba en la solución a este tema. Sin embargo, algo está saliendo mal, porque los transportistas no están conformes con los lineamientos y ayer volvieron a salir a las calles. Hace unos días la autoridad admitió que hubo un error en la convocatoria y que el plazo que tenían para responder las dudas de quienes estén interesados, se fijó como si fuera el que se establecía para cumplir con los requisitos.

Pero no fue suficiente para disipar la molestia de los concesionarios y permisionarios, por lo que la historia del transporte público seguirá dando para mucho. O sea, continuarán los líos.

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Sí, es en serio, no es broma: al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, le da gusto que suban las denuncias por violaciones a las garantías individuales y que además rompa récord nacional por estos ilícitos; es más, ¡hasta quiere que sigan incrementando!

Lo dijo en un evento donde debió haber abordado la lucha que hacen algunas personas, sobre todo las que ayer mismo premió, para defender los derechos humanos de niños, personas con discapacidad, ancianos... pero mejor usó ese tiempo para sus propios fines: contestarle a la prensa por las críticas que le llueven por los malos indicadores que arroja el Estado en el tema.

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Entre las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos, están los casos señalados por tortura. Ayer, la Fiscalía de Derechos Humanos admitió que entre los 270 elementos que han sido separados de sus cargos por diversas razones, hay quienes fueron sancionados tras acreditarse que usaron la tortura o violaron los derechos humanos de los ciudadanos.

El problema para la fiscalía seguirá siendo cómo cubrir esos espacios, pues sigue trabajando con menos elementos de los que se necesitan. ¿Y luego quién cierra la puerta?

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Las diferencias entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado empiezan a acentuarse. La razón: el dinero. El punto más álgido se da en torno a los Hospitales Civiles y los adeudos que se tienen del Seguro Popular. El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz ha admitido que existen y hasta ha firmado convenios para pagar, pero no los ha cumplido. A esto se suma la revisión de su propuesta de gasto del próximo año, donde tanto el aumento para la casa de estudios como para los hospitales está por debajo de la inflación. Por lo pronto, ya el PRD prepara la ofensiva, cuya estrategia seguramente se conocerá este lunes.

Las autoridades universitarias ya le pusieron números a los problemas financieros. Este aumento insignificante, más el recorte federal para educación, dejará una pérdida de unos 650 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara, que se tendrá que reflejar, dicen, en la matrícula. La próxima semana comienza ya la revisión del Paquete Económico 2017 que envió el gobernador al Congreso del Estado, por lo que también arrancan los jaloneos por los cambios.

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Y donde tampoco parece será fácil alcanzar acuerdos, es en la designación del próximo auditor superior. Es más, ni siquiera saben cuándo se convocará a sesión del pleno para que se someta a votación la lista con los cinco aspirantes que obtuvieron al menos 80 puntos en el examen.

La votación que se requiere es de dos terceras partes, por lo que son indispensables los acuerdos políticos. ¡Que empiecen las apuestas de qué partidos saldrán ganones en las negociaciones!

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DN/I