Protección a las mujeres, una simulación

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía recordó que Jalisco es el tercer lugar nacional en violencia contra las mujeres, pues 74.1 por ciento dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante 2016.

Los datos se dieron a conocer con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que hoy  se conmemora. Sin embargo, se trata de información que se había detallado con mayor precisión en agosto de 2017, al publicarse los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares (Endireh) y que colocan a Jalisco en una situación compleja.

Según la encuesta, Jalisco sólo es superado por la Ciudad de México y el Estado de México.

En agosto también se dio a conocer que Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en violencia en las escuelas, sólo superado por Querétaro, mientras que en el ámbito laboral es sexto.

La situación en la que está Jalisco, sobre el trato que da a sus mujeres, no ha cambiado con la Alerta de Violencia contra las mujeres, que se emitió en febrero de 2016, en la cual se establecieron acciones para ocho municipios en los que se presentan las peores condiciones para este sector de la población.

Lo que ha venido después de esa alerta son algunos esfuerzos aislados desde los institutos de las mujeres, casi nunca coordinados entre sí y, sobre todo, la simulación.

Un botón de muestra de cómo se aborda el tema son las órdenes de protección. Durante el gobierno de Emilio González Márquez, tanto el ex gobernador como los responsables del área de seguridad, en particular el ex secretario del ramo y ex fiscal general Luis Carlos Nájera, se habían opuesto a que esta medida cautelar se utilizara.

Les preocupaba que destapara la cloaca de lo que sucede en la sociedad jalisciense, en particular al interior de las viviendas entre las familias.

Con el actual gobernador Aristóteles Sandoval se entendió que ya no podía contenerse el problema y se apostó primero por las órdenes de protección, una resolución que impide al agresor acercarse a la víctima. Pero no fue como en las películas estadounidenses, donde el documento basta para que el agresor no se acerque. Aquí es un simple papel que sirve muy poco.

Los municipios, responsables de que las órdenes de protección se respeten, integraron equipos que han resultado insuficientes y que no reciben el apoyo que se requiere. A pesar que muchos de los elementos fueron debidamente capacitados, no se dan abasto.

A esto hay que sumar que en la fiscalía prevalece la indolencia de los funcionarios cuando atienden las denuncias. Sin contar que no se  toman las medidas necesarias para que los procesos avancen y se garantice la seguridad de las mujeres.

También está la omisión en la asignación de recursos públicos para la infraestructura, contratación de especialistas y espacios de seguridad.

La alerta también establece políticas transversales, que deben ser asumidas por las diferentes dependencias estatales y municipales. Algunos titulares de dependencias han aceptado acudir a la capacitación o a las presentaciones relacionadas con la alerta, pero en términos reales no colaboran en las tareas concretas que les fueron asignadas.

Cuando se presentan casos de violencia, la seguridad de las mujeres depende de la voluntad de las funcionarias de los institutos de la mujer. Se han dado casos en que hasta han tenido que cooperar para pagar el hospedaje de quien debe salir de su casa para no arriesgar su vida.

En general, lo que ha prevalecido en torno a la atención de la violencia contra las mujeres es la simulación. Esa que veremos en algunas de las actividades programadas para hoy.

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JJ/I