Derrotas que no saben tan mal

Cuando los ciudadanos estamos tan acostumbrados a perder las batallas frente a los políticos, que la derrota no sea aplastante deja una especie de satisfacción. Ésa es la conclusión que podría obtenerse de lo que ha sido el proceso para poner en marcha en Jalisco el Sistema Estatal Anticorrupción.

Podríamos empezar a contar lo que ha sucedido desde la derrota: los partidos políticos, irremediablemente, se repartieron los primeros espacios y harán lo mismo con los que quedan pendientes por decidir. Pero al menos ha habido un reparo en los perfiles y se ha descartado a quienes no estuvieron dispuestos a transparentar su patrimonio y sus conocimientos sobre los cargos a los que apostaron.

Después de la definición de la comisión que arrancó el proceso y designó al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la última palabra fue turnada a los partidos políticos. Es decir, la intervención del CPS prevista en la legislación fue de simple acompañamiento.

Pero el acompañamiento fue significativo en la medida que el proceso se transparentó. Una de las consecuencias, en un sistema político en que esta palabra casi quedó en desuso, es que quienes decidieron no someterse a la evaluación propuesta por el CPS y/o transparentar sus declaraciones, quedaron en los últimos bloques de calificaciones. Tampoco se ve bien nombrar a quienes sacaron una baja calificación.

Esta situación se puso sobre la mesa cuando el gobernador Aristóteles Sandoval envió la primera terna de aspirantes a fiscal anticorrupción, un espacio que, se asegura, en los acuerdos corresponde a Movimiento Ciudadano (MC), que lo entregaría al notario Adrián Talamantes Lobato. El fedatario no aceptó someterse a la evaluación.

La lista del mandatario la completaron Iris Morán, quien fue la que obtuvo la calificación más alta, pero quien forma parte de la actual administración estatal, por lo que se consideró que tiene conflicto de intereses; esto, sin contar lo severos cuestionamientos hacia las fallas del nuevo sistema de justicia penal adversarial, del que es responsable. La lista la completa Rogelio Barba Álvarez, quien fue uno de los que sacaron más baja calificación.

Las condiciones de los integrantes de la terna motivó la intervención del CPS, por lo que el gobernador dio marcha atrás. Hay quienes aseguran que en el fondo no hubo acuerdo entre los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano pero, de cualquier forma, pensar en un fiscal anticorrupción que no está dispuesto a ser fiscalizado por los ciudadanos, que tiene ligas con actores políticos o que no está debidamente capacitado hace que el SEA huela a fracaso.

En la definición de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa también hubo ingredientes de la participación social que, sumados a los acuerdos entre los partidos, marcaron el rumbo. Por ejemplo, se aseguraba que el espacio que correspondía a Movimiento Ciudadano sería para el ex secretario general del Congreso del Estado Jesús Reynoso; sin embargo, el también ex presidente del Tribunal Electoral, al igual que hizo Talamantes Lobato, no quiso someterse a la evaluación, así que MC ni siquiera hizo el intento de proponerlo.

Por lo demás, hubo los clásicos acuerdos y desacuerdos entre los partidos políticos, que llevaron a nombrar en consenso a los encargados de cinco órganos de fiscalización internos, dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y al auditor superior, así como a no alcanzar arreglos en el fiscal anticorrupción y uno de los magistrados. Pero, aún en esos casos, también tuvo que ponderarse la evaluación del comité. Es decir, la derrota de los ciudadanos frente al reparto no fue tan amarga.

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JJ/I