La paz y la seguridad son fruto de la justicia

La seguridad ciudadana se define como la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, actuando sobre las causas que originan la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Pretendiendo prevenir la violencia, a nivel institucional se han diseñado diversos enfoques y programas sin que hasta hoy se vean resultados tangibles. A pesar de contar con un diagnóstico institucional o tener identificados factores de riesgo que pueden contribuir a disminuir la violencia y la delincuencia, las cifras en torno a la inseguridad siguen creciendo cada día y constituyen hoy mayor preocupación de la sociedad mexicana.

En octubre de 2017 hubo 2 mil 371 casos de homicidio doloso, eso significa que cada día fueron asesinadas 79 personas en nuestro país o que cada hora murieron por esa causa 3.3 personas. La vulnerabilidad de los menores ante este problema ha incrementado de manera alarmante.

“La tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes en México es equiparable a las que tienen Myanmar, Botsuana, Mozambique y Togo”, se cita en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la vulnerabilidad de niños y adolescentes (2017). “Más de la mitad de los homicidios de niños, niñas y adolescentes se registran en 10 países del mundo y México ocupa el 5o lugar de ellos”.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Rnped) nos permite observar que son los jóvenes quienes están desapareciendo; de 2006 a 2017 se contabiliza que 40.7 por ciento de los desaparecidos tiene entre 15 y 29 años. En materia de desaparición forzada los casos registrados en México a partir de 2008 y a 2015 son 136, sólo dos países superan esta cifra en el mismo periodo: Paquistán, con 144 casos, y Sri Lanka. México estaría a nivel de Siria, la diferencia es que en esos tres países hubo guerra o procesos políticos violentos.

Frente a ello y con el proceso político en marcha, los candidatos a la Presidencia de la República han estado formulando sus propuestas para enfrentar la inseguridad. Poco hablan de la desaparición de personas y la atención necesaria a las familias de las víctimas, tampoco se ha abundado sobre los feminicidios o la violencia hacia los niños, pero en sus propuestas generales podemos identificar la estrategia que seguirían en caso de llegar a gobernar este país.

El candidato Anaya sostiene el discurso de la militarización y el uso de la fuerza como estrategias de seguridad pública; y aunque habla de prevención, usar la inteligencia y profesionalizar la policía, su proyecto es la continuidad del modelo económico neoliberal que ha sido la causa estructural que tiene a nuestro país en la grave crisis de seguridad que hoy padecemos.

Por su parte, Meade también propone mantener la misma estrategia que actualmente se usa para combatir la inseguridad, a pesar de la gravedad del problema y el fracaso evidente del actual sexenio en esa materia. No tiene una alternativa distinta a la que hoy se utiliza a nivel federal; su enfoque es de mano dura, reactivo, punitivo en un marco de impunidad y corrupción. Nula posibilidad de cambio de estrategia si llegara a la Presidencia, y fracaso anticipado.

Andrés Manuel ha esbozado la idea de la prevención social, el combate a la pobreza y la igualdad de oportunidades como vías de solución al grave problema de la inseguridad; ha dicho que la violencia es resultado del fracaso del modelo económico que excluye a la mayoría y sólo deja privilegios a unos cuantos.

En ese sentido, AMLO afirmó que “la paz y la seguridad son fruto de la justicia”. Su estrategia de seguridad es la única que ha evidenciado el fondo del problema y puede ser un buen comienzo, pero sólo la movilización social y la vigilancia de todos los actores comprometidos con la justicia social puede garantizar que efectivamente haya un cambio de rumbo real en la atención de los problemas de inseguridad.

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