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Siempre mintió
El abogado de Ovidio
Que les apliquen la muerte civil a todos los particulares o servidores públicos acusados de corrupción encontrados responsables; es decir, no podrán participar en cargos ni en licitaciones o compras con el gobierno.
Esta propuesta apenas fue presentada por los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Quirino Velázquez y Enrique Velázquez, y el emecista Héctor Pizano, y esperan sea respalda por sus compañeros.
La reforma al Código Penal consiste en incluir la posibilidad de inhabilitar para ocupar un cargo público a las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, e impedir la participación en fideicomisos que tengan entre sus socios a personas inhabilitadas.
La propuesta de inhabilitación iría de uno a 10 años cuando el acto de corrupción sea inferior a los 16 mil 898 pesos, pero si se supera ese monto habrá impedimento para volver a ocupar el cargo de manera definitiva.
A los empresarios, que se les haya comprobado participar en actos de corrupción, se les impedirá participar en licitaciones o aspirar a contratos para brindar servicios a dependencias públicas, si se hacen las modificaciones a la Ley estatal de Adquisiciones y Enajenaciones.
“Buscamos que se instale esta figura de inhabilitación definitiva o muerte civil a corruptos en el Código Penal. Es aplicable a funcionarios públicos, ciudadanos o empresas. La inhabilitación incluye a fideicomisos o empresas que integren a personas previamente inhabilitadas para evitar el chapulineo de empresas”, comentó Velázquez, líder parlamentario del PRD.
La propuesta de ley también incluye la obligación a la Fiscalía Anticorrupción de elaborar un registro de funcionarios y proveedores inhabilitados y que esté accesible para los gobiernos que quieran consultarlo.
Las reformas serán al Código Penal, Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado y sus Municipios, Ley Orgánica de la Fiscalía y Ley de Adquisiciones.
da/i