En 2023 el ‘Diario Oficial de la Federación’ publicó el decreto presidencial por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteo. Ahí se precisa que una máquina tragamoneda es “todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio”. El reglamento prohíbe la emisión de nuevos permisos para dichas máquinas. Se ha señalado hasta el cansancio que son una fuente de corrupción de menores y deserción escolar, un problema de salud pública vinculado a la ludopatía, y una vía de financiamiento para la delincuencia organizada.
Sin embargo, ayuntamientos metropolitanos toleran que sigan operando máquinas tragamonedas, pese a denuncias de vecinos y comerciantes. ¿En dónde están? Casi en cualquier negocio. Solo que autoridades municipales se ponen un antifaz y hacen como que no las ven.
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¡Claro que hubo muchas omisiones!, durante la gestión del recién despedido ex director general del Siapa, Alejandro Juárez Trueba, reconoció ayer el gobernador Pablo Lemus Navarro. “No se tomaron buenas decisiones” y, además, “no se actuó con carácter de urgencia en muchos temas”, por lo cual lo relevó (no usó los términos despido o cese), y designó a Ismael Jáuregui, de quien dijo tiene perfil técnico para operar las obras que se requieren.
¿Qué está previsto? Después de Semana Santa solicitará a la Comisión Nacional del Agua y al Fondo Nacional de Infraestructura recursos para tres proyectos en materia hídrica para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara: un ducto en Atequiza para evitar que el agua pase por zonas contaminadas (850 mdp); el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara (10 mmdp) y la ampliación de la planta potabilizadora de Miravalle (4 mil 800 mdp). Los casi 15 mmdp seguramente tendrá que avalarlos la presidenta Claudia Sheinbaum.
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De la información que durante la conferencia presidencial compartió ayer la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, surgen preguntas relacionadas con Jalisco; y surgen porque los registros nacional y estatal son cuestionados. La cosa es que Figueroa Franco señaló que del 2006 a la fecha, se tienen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas, de las cuales solo 43 mil 128 tiene los datos suficientes para buscarlas.
De esas 43 mil 128 personas desaparecidas, si bien el 71 por ciento de la información fue subida por las Fiscalías al Registro Nacional, la bomba que estalló es que solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación y 26 mil 611 son únicamente reportes. Leyó bien: solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación. Es decir, apenas 2.9 por ciento de los 130 mil 178 registros. Son las que, supuestamente, sí investigan las fiscalías estatales.
En Jalisco, con más de 16 mil desaparecidos, ¿cuántos tienen carpetas de investigación en la Fiscalía?, ¿en cuántos no?, ¿qué impide abrirlas?, ¿qué opinan los colectivos y familias con desaparecidos?
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Superada la primera prueba de garantizar en Jalisco la seguridad del Mundial de Futbol 2026.
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