Este viernes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en su rueda de prensa mañanera un corte sobre la revisión que su gobierno hizo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) y los “avances” dados a conocer causaron indignación entre organizaciones, pues se coincidió en que se trata de un nuevo intento por minimizar la crisis.

En la información presentada el gobierno de México afirma que, de las 132 mil 534 personas desaparecidas integradas en el registro, 43 mil 128 son casos de los que no se tiene ningún tipo de actividad, el 36 por ciento no cuenta con datos suficientes y el 31 por ciento habría mostrado actividad tras su desaparición.

Ante estos y otros datos difundidos en la rueda de prensa, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Fundar, Data Cívica, Elementa, la Universidad Iberoamericana y otras organizaciones se dijeron preocupadas, pues advierten un nuevo intento de minimizar la crisis.

“Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy (ayer) no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, señalaron en un pronunciamiento.

Otro de los datos presentados es que sólo 3 mil 869 casos a nivel nacional cuentan con carpeta de investigación, a lo que las organizaciones señalaron que “en un país donde la cifra negra (delitos no denunciados) alcanza el 93 por ciento, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad”.

Recriminaron también que se mantenga el discurso de que las desapariciones forzadas ya no existen y que se trata de un tema de crimen organizado; sin embargo, sostuvieron que los casos de personas desaparecidas por agentes del Estado continúan.

A la par se rechazó la afirmación de que el 96 por ciento de las personas localizadas no fue víctima de un delito, dado que esta se hizo “sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión. Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias”.

Más allá de las afirmaciones del gobierno federal, en Jalisco, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), hay 16 mil 95 personas pendientes de localizar. 

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