Judicatura: todos cierran los ojos

Luego de ocho años de pelear en juzgados su derecho a ser juez, el miércoles pasado César Joel Estrada Ruiz rindió protesta como juez noveno de lo Familiar, al obtener el amparo definitivo de la justicia federal en contra de la oposición del Consejo de la Judicatura.

Estrada Ruiz emprendió esta lucha porque no era de los aspirantes que contaba con un padrino que abogara por él ante el Consejo de la Judicatura.

Y como este caso, muchos. Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo voltean a ver a este órgano que es donde tiene su origen la mayoría de los vicios, fallas y errores de los que hoy se acusa de manera generalizada al Poder Judicial y se particulariza en el Supremo Tribunal de Justicia.

¿Por qué las acusaciones del gobernador Enrique Alfaro sólo se dirigen al Tribunal de Justicia cuando habla de la corrupción entre jueces si no tiene vela en el entierro? La respuesta es sencilla: porque el Consejo de la Judicatura es reducto de las cuotas partidistas y de grupos fácticos provenientes del Congreso del Estado donde se acomodan y se reparten las fichas. Así fue ayer, así es hoy y así será mañana.

¿Ustedes creen que la decisión de los consejeros de cancelar la lista de 106 jueces en reserva y en la que se encontraban muchos recomendados fue porque hubo irregularidades en su conformación y hay el propósito de limpiar, como aseguró su presidente, Ricardo Suro Esteves?

“Estamos dando la cara y estamos queriendo recuperar la credibilidad”, declaró Suro Esteves a los medios. Sin embargo, esa precipitada decisión de los consejeros abre una gran cantidad de interrogantes porque con ello se afectó a muchos aspirantes que cubrían los requisitos y que era de justicia asumir la titularidad de un juzgado, como el caso de Estrada Ruiz quien tuvo que hacer valer su derecho a través de un amparo, como lo han hecho otros 18 de esa hoy inexistente lista que obtuvieron una suspensión a su favor.

Especialistas en la materia cuestionan que los consejeros hayan decidido borrar de un plumazo dicha lista sin explicar si todos los ahí anotados no cumplían con los requisitos y demostrarlo; ¿por qué si era ilegal o irregular asignaron adscripción a varios de los ahí anotados? ¿Por qué, por ejemplo, asignaron adscripción a quien era el 95 de la lista y no al número uno, dos, tres o quien estaba antes que él en la lista? ¿Qué criterios utilizaron para hacer la designación de esa manera sin seguir un orden cronológico, eligiendo en número ascendente? ¿Qué elementos de evaluación utilizaron para no adscribir conforme a número? ¿Cuántos juicios han perdido por esa desordenada adscripción?

Incluso, preguntan por qué asignaron jueces evidenciados o señalados de actuar irregularmente como el caso de José Reyes Victoriano González, quien por sus antecedentes fue rechazado como aspirante a ser magistrado y sobre quien se solicitó en el Congreso juicio político como juez mixto de Primera Instancia de Mascota y “se ostentó como juez de Distrito de Amparo (federal) (…), y como tal admitió una demanda de amparo, concedió suspensión y la declaró violada (…), violando gravemente la ley de amparo, la jurisprudencia y la Ley Orgánica del Poder Judicial…”.

Pese a esto, los consejeros lo designaron juez decimotercero de lo Familiar.

Por todo eso, ¿por qué el gobernador Alfaro y los diputados no dirigen sus esfuerzos por limpiar el Consejo de la Judicatura –cuyos integrantes cobran cerca de 200 mil pesos mensuales y gozan de jugosas prestaciones–? ¿Porque son el reducto de sus cuotas partidistas? ¿Porque a través de ellos, quienes hoy ostentan el poder podrán colocar a jueces que respondan a sus intereses, toda vez que algunos de quienes estaban en la lista ya cancelada, respondían a quienes ya no son gobierno? Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I