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Quinto Patio

Silencio oficial sobre las revelaciones de los intereses del clan Alfaro y anexos en la sierra de Apango con el tema del cultivo de aguacate, que ha sido altamente depredador, como en otras partes de Jalisco y Michoacán: es la zona donde se gestó el desastre ambiental del pasado 2 de junio, con el río Salsipuedes volcado con lodo y madera en la periferia de San Gabriel, 3 mil damnificados y al menos cinco muertos.

Bajo la lógica de qué tanto es tantito, algunos de los bots alfaristas o sinceros creyentes del gobernador en turno denostaron por redes sociales a esta vecindad por personalizar en la familia del mandatario los intereses aguacateros. Prefirieron ver como mala leche lo que es la evidencia de que los Alfaro, los Aranguren y los Herrejón le han entrado alegremente al negocio que ocasiona no sólo deforestación y cambio de uso de suelo, sino una extrema presión sobre el agua, que ya tiene con sed habitual a los habitantes del bosque.

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La explicación de que una cuenca es afectada por todos los cambios que hacen desde ejidos hasta propietarios, de manera acumulada, no les parece suficiente a bots alfaristas y seguidores. Qué tanto son 30 hectáreas cuyo uso de suelo fue cambiado hace décadas; qué tanto son las grandes huertas de La Manzanilla y El Veladero, que están entre los ranchos más grande de la zona de Apango. Por qué acusan a los cercanos al líder refundador si nomás pusieron su granito de arena… en la destrucción de la zona.

Ojalá el gobernador Enrique Alfaro sea tan arrojado y enérgico como suele ser con sus críticos y exija a su sangre que responda: si hicieron cambio de uso de suelo ilegal, que sean sancionados penalmente, que paguen multas, que regresen al bosque a su vieja frontera. ¿Se animará o preferirá seguir hablando de prensa basura, periodiquitos y conspiradores?

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Aunque apareció en las fotografías del viaje que hizo el gobernador a California (sí, el mismo del partido de los Lakers de Los Ángeles), resulta que el Tribunal de Justicia Administrativa no pudo localizar al ex diputado local Jorge Salinas Osornio. El panista fue citado a declarar sobre los recursos que se gastaron en 2007 en la llamada partida 8000, que luego se conoció como casas de enlace. En esa Legislatura, la Quincuagésima Octava, no batallaron por dinero, porque se repartieron alrededor de 300 millones de pesos adicionales a su salario. Ahí pobremente.

También estaba citado Alfredo Argüelles, quien era secretario general, pero tampoco fue encontrado, tal vez porque no se acordaron que sus propiedades estaban a nombre de un tal Juan Coker García, quien se dijo en su momento ni siquiera existía. Los dos referidos serán citados nuevamente, pero el juicio sigue su curso a un paso taaaaaan veloz que comenzó en 2007 y todavía no avanza. Así es… 12 años y todavía no hay manera de que se cumpla con la transparencia.

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Los ejidatarios de El Zapote confían más en el delegado federal Carlos Lomelí que en el gobierno del estado para llegar a una negociación para el pago de sus terrenos. Resulta que aceptaron retirar el plantón del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara con la promesa de que se instalará una mesa de diálogo y se informará al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

También se le hará llegar la información al presidente López Obrador sobre lo que han padecido los ejidatarios y una ficha técnica con los últimos avalúos de sus terrenos, esperando que, ahora sí, les paguen. El abogado Maximiliano Lomelí recordó que ha tenido pláticas con el gobierno estatal donde “hubo apachurrones, amenazas y muchos actos de corrupción”. Nomás.

qp@ntrguadalajara.com

JJ/I