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Plan criticado
Posando para la foto
A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Jalisco no hace falta ni Carlos Lomelí Bolaños, que renunció al cargo, ni Armando Zazueta Hernández, que dicen está encargado del despacho, pero nadie lo ha visto, ni Antonio Pérez Garibay, que se autopromueve por cielo, mar y tierra para cumplir con el papel de súper delegado o coordinador para el Desarrollo.
A López Obrador no le corre prisa por regresar a Lomelí o poner alguien en su lugar en la delegación general para que sus programas sociales avancen, de acuerdo con lo que ayer declaró a pregunta expresa de un periodista en la rueda de prensa mañanera, respecto a que han transcurrido cuatro meses y no se ha designado sustituto alguno de quien fue candidato de Morena a la gubernatura.
Andrés Manuel respondió: “¿Quién va a estar en Jalisco en la coordinación para el Desarrollo? Se va a resolver, se está trabajando, porque no sólo es una coordinación estatal, hay coordinaciones distritales, regionales, entonces esas coordinaciones están trabajando bien. Se terminaron los censos en Jalisco o se está por terminar los censos, se están entregando los apoyos a adultos mayores, niños y niñas con discapacidad, las becas, se está apoyando a los productores. Se está trabajando, no se ha dejado de trabajar, porque no depende de una sola persona, es una estructura”.
Y luego remató: “No hace falta que se tengan todos los coordinadores, en este caso es una coordinación general, pero las coordinaciones distritales y territoriales están funcionando…”.
Sin lugar a dudas el caso de Carlos Lomelí ha resultado para el presidente López Obrador un asunto nada fácil de procesar, no obstante que ya la Secretaría de la Función Pública sancionó a dos de sus empresas –Lomedic y Laboratorios Sofran– al inhabilitarlas por dos años y medio como proveedoras de los gobiernos federal y estatales, además de una multa de un millón de pesos a cada una, por haber falseado información, pero no existe dato alguno que con eso haya concluido la investigación que el propio Ejecutivo federal encargó hiciera la Función Pública.
Hay quienes esperan que luego de la sanción a sus empresas, el siguiente paso sea una sanción para el propio Lomelí Bolaños que nadie se atreve a pronosticar de qué magnitud sea: desde una simple llamada de atención pública hasta la inhabilitación para desempeñarse en el servicio público.
Se asegura que desde hace tiempo la Secretaría de la Función Pública concluyó la investigación con Lomelí y sus empresas y que el informe final ya obra en poder del presidente, pero las especulaciones van desde que sí se le encontró responsabilidad y es merecedor de una fuerte sanción hasta que como funcionario público no incurrió en ilegalidad alguna y que todo quedará en la sanción a sus empresas. Pero, ¿qué es lo que ha retrasado que se haga público el resultado y si es objeto o no de una sanción? ¿Será que el presidente López Obrador está midiendo el tiempo indicado para dar a conocer el dictamen de la SFP? ¿Será que se calcula la reacción pública al resultado de la investigación, ya sea para hacerla creíble en caso de que no haya responsabilidad alguna de Lomelí o para que los daños sean menores en caso de un resultado contrario, en busca de ayudarle al amigo?
Nadie desconoce la relación que hace años mantienen López Obrador y Lomelí, al igual que éste y la dirigente de Morena, Yeidkol Polevnsky o con el canciller Marcelo Ebrard, y quizás se busca cuidar todos los detalles que no cuestionen la bandera de la honestidad del presidente y al mismo tiempo ponerlo otra vez en circulación como súper delegado.
Han transcurrido cuatro meses sin un súper delegado, y lo que escuchamos del presidente López Obrador es que no es necesario. O sea que si no es Lomelí no hay prisa por sustituirlo.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I