Revocación: ¿cielo o infierno?

Si todo sucede como está previsto, hoy martes el pleno del Senado discutirá y posiblemente aprobará la iniciativa que propone la realización de una consulta para la revocación de mandato –del presidente de la República y de los gobernadores–, propuesta por Andrés Manuel López Obrador a la que de entrada el PAN se opone, no obstante que fue modificada la propuesta original, y la dirigencia nacional giró instrucciones a su bancada para que vote en contra.

Sobre este tema hay quienes están a favor confiados en que se impusieron algunos candados y despeja cualquier posibilidad de que el presidente de la República se reelija, mientras que otros están en contra bajo el argumento de que así como la ciudadanía puede recortar el período constitucional de gobierno, también tendría la posibilidad de ampliarlo y, por tanto, sería una plataforma para que López Obrador continúe en el poder después de 2024.

De entrada se da por hecho que esta iniciativa será aprobada por una aplastante mayoría de los senadores de Morena, del PT, del PES, del PVEM, del PRI, de PRD y de Movimiento Ciudadano, así como por algunos senadores del PAN como Damián Zepeda, Xóchitl Gálvez, Víctor Fuentes y Roberto Maya, a decir de algunos analistas de la capital del país. En contra estaría la mayoría de la bancada del PAN.

Será importante seguir la discusión de este trascendente tema porque en dicha iniciativa se incluye también la revocación de mandato de los gobernadores, punto importante en Jalisco cuando se tiene como antecedente este ejercicio implementado por los gobiernos alfaristas de MC, aunque de manera imperfecta, manipulada y tramposa, pues eran juez y parte. Ahora las reglas cambiarán.

Para que no se entienda que la revocación de mandato es para que los ciudadanos decidan la permanencia del gobernante, su definición quedará de la siguiente manera: “Deberá de entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Esto vale tanto para el Ejecutivo federal como para los estatales.

O sea, la solicitud de revocación de mandato será un derecho exclusivo del ciudadano a solicitarlo y no del presidente de la República ni del Congreso, como inicialmente se propuso. Asimismo, su realización no será coincidente con la elección intermedia; la organización y difusión será por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), o sea, el gobierno no podrá publicitarlo; se prohíbe la consulta popular para prolongarse en el cargo; para solicitarlo, se requerirá por lo menos 3 por ciento de ciudadanos del padrón electoral en el caso del presidente de la República y de 10 por ciento para el caso de los gobernadores; para que el resultado sea vinculatorio se necesitará la participación mínima de 40 por ciento de los ciudadanos; y los gobernantes dejarán el cargo cuando 66 por ciento de los votantes lo pidan.

Quienes se oponen a esta figura, como el investigador Alejandro Poiré, entre otros, alertan que con este precedente se validará también el argumento de que el mismo derecho tiene la población para ampliar los periodos de gobierno. “¿Cuánto tardará la bancada del nuevo partido oficial en presentar una reforma que permita a los ciudadanos ‘ratificar’ el mandato, y no nada más revocarlo? Si usted tiene duda de si esto podría ocurrir en México, asómese a lo que pasa en Baja California con el gobernador electo de Morena”, dice Poiré en su colaboración periodística.

Advierte que “el peligro democrático para México es inmenso hoy y en el futuro”, y pregunta: “¿Qué es tan valioso de la revocación que amerita este gigantesco riesgo? ¿Qué logro legislativo obtendrá la oposición a cambio de esta magna concesión?”.

Después de conocer ambas posturas, ¿usted, qué opina?

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I