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Magistrado Presidente
Mejor restar
El gobierno federal ha sido cómplice de la contaminación en el río Santiago, problemática que ha provocado el envenenamiento de niños desde hace años, según Fernando Zambrano Paredes, coordinador de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
La semana pasada, el periodista José Toral, de Líder Informativo, dio a conocer un informe sobre afectaciones a menores que viven en sitios aledaños al Santiago. El documento toma relevancia porque fue ocultado por el gobierno de Jalisco por 10 años.
De acuerdo con investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes se encargaron de realizar el estudio, “el 94 por ciento de la población infantil de Juanacatlán tiene plomo por encima de lo recomendable; en El Salto, el 98 por ciento está expuesto al cadmio; en Puente Grande, el 60 por ciento presenta mercurio; en La Cofradía, el 45 por ciento tiene arsénico, y en la colonia Jalisco, 48 por ciento tiene flúor por arriba de lo normal”.
Esta información fue catalogada por los habitantes de El Salto y Juanacatlán como “crimen de estado”, por lo que alzaron la voz para exigir castigo por omisión o complicidad a los funcionarios responsables de ocultar el informe.
Al respecto, Zambrano Paredes indicó que la contaminación no es el único caso grave por el que hay que señalar a la Federación, pues durante más de 10 años han visto cómo las empresas industriales que están cerca del río contaminan sus aguas y no se hace absolutamente nada.
“La mayor parte de metales pesados que confluyen en este río Santiago son de competencia federal derivado de descargas de tipo industrial, cuya competencia no es estatal ni municipal. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de los metales pesados no está siendo supervisada, no está siendo sancionada por la Conagua (Comisión Nacional del Agua), pues se está generando una impunidad total”, comentó en entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios.
De hecho, lamentó que las leyes mexicanas obliguen a la Conagua a avisar con 24 horas de anticipación a los empresarios que habrá supervisión, ya que esto alerta a las industrias, las cuales suelen0 hacer una limpia rápida de sus aguas y descargas, es decir, abren la compuerta para que todo se vaya al río más rápido. Y cuando llega la autoridad a revisar, no encuentra niveles de contaminantes fuera de lo común y no hay sanción alguna.
Ante estas prácticas burocráticas, consideró, es poco lo que pueden hacer las autoridades estatales y municipales; sin embargo, aun así en 2009 la CEDHJ emitió una macrorecomendación a ayuntamientos y gobierno del estado para atender la contaminación del río.
“A los ayuntamientos se dirigieron 68 puntos en los que básicamente se centraba en que sanearan sus aguas residuales, que comenzaran con plantas de tratamiento que funcionaran para generar ese saneamiento requerido”, recordó.
Sin embargo, no ha sido acatada, pues “a 11 años de que fue emitida, de que fue aceptada por parte de todas las autoridades, los resultados son insatisfactorios, son muy pobres. Por darte un ejemplo, al Ejecutivo se le dirigieron cien puntos, de los cuales aceptó en su momento 43, y de esos únicamente ha reportado avances en 37. Con eso reflejan el nivel tan lamentable de avances que se están generando”.
Esto ha provocado que no solo los habitantes de comunidades cercanas al río Santiago padezcan las consecuencias, sino gran parte de la población jalisciense.
Puntualizó que, aunque pudiera verse como un tema lejano, “muchas de las hortalizas, de la leche, carne, huevo que consumimos, desafortunadamente está regada con agua del río Santiago y, por lo tanto, contiene metales pesados que son altamente tóxicos”.
FRASE:
““La mayor parte de metales pesados que confluyen en este río Santiago son de competencia federal derivado de descargas de tipo industrial, cuya competencia no es estatal ni municipal. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de los metales pesados no está siendo supervisada, no está siendo sancionada por la Conagua”: Fernando Zambrano Paredes, Coordinador de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
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