Quinto Patio

Cuando se trata de temas polémicos, los coordinadores parlamentarios locales son tibios y ambiguos. Ayer pidieron la comparecencia del fiscal general, Octavio Gerardo Solís, y del coordinador del gabinete de seguridad, Macedonio Tamez, para que expliquen los sucesos violentos ocurridos jueves y viernes. Ninguno de los diputados fue contundente en señalar las omisiones en las que cayeron, incluido el gobernador Enrique Alfaro, al reconocer que no tenían control de los policías cuando detuvieron de manera ilegal a los manifestantes y que los desaparecieron por unas horas, al no dar información y no registrarlos. 

Los legisladores quieren que Solís y Tamez den la cara acompañada de explicaciones, con dos intenciones: que se enreden solos y que liberen de culpas al gobernador. Falta por comprobar cuándo acudirán, si se hace con prontitud, o lo alargan lo mááááááás que puedan para que se calmen aguas y ánimos. No hay fecha. Empieza cronómetro. 

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Ayer también se notaron las fobias, porque el emecista Salvador Caro aprovechó para señalar que ya no pasará a la historia como el mejor fiscal del estado y que tiene ciertas peculiaridades, porque Solís Gómez aceptó el cargo cuando años atrás fue gobernador interino; algo así como te metiste tú mismo en un lío gordo sin necesidad. Lo que advertimos es que sólo se trata de ayudar al gobernador y buscar oooootros responsables, que a su vez busquen a más responsables. 

La única clara y contundente en que el fiscal ya no debe estar ahí fue la perredista cubierta de naranja Mara Robles, que por Twitter enumeró las deficiencias del fiscal, sin tapujos, no como otros que sí piden su cabeza, peeeeeeeeero le ponen asegunes o condiciones. 

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Lo que sí es que aumentan las voces de quienes demandan la salida del fiscal, entre otras medidas. Del lado social están el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). 

Y no es para menos: investigación periodística de MVSNoticias recoge versiones de agentes de la fiscalía que relatan cómo el propio fiscal dio las órdenes. Ái nomás para que lean lo que aseguran policías metidos en las desapariciones, que contradicen la versión del gobernador. En tanto, el gobierno estatal anunció que se instaló una mesa para esclarecer lo sucedido. Que así sea. 

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También la Federación de Estudiantes Universitarios demanda que sea separado del cargo el fiscal, en tanto se realiza la investigación “en la que se deslinde su responsabilidad en los hechos”. También, entre otros puntos, demanda castigo ejemplar a los responsables, por acción o por omisión, del asesinato del joven Giovanni López. 

Pues bien, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, compareció ante el Ministerio Público. Luego de horas, el edil salió y ni pío dijo. Mucho ojo con su caso.  

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Pocos, pero le borraron sonrisas de burla. Así podría resumirse la manifestación de ayer afuera de palacio de gobierno. Sólo eran 10, suficientes para que los elementos que custodian el ingreso al recinto se acorralaran dentro y dejaran las expresiones de burla cuando fueron detectados por los manifestantes. Son ya cinco días. Y esto continuará. Hoy habrá una protesta más partiendo del CUCSH. Los 10 de ayer esperan que nadie se rinda, a pesar de las intimidaciones de las que son víctimas.  

Denunciaron que diario reciben mensajes o llamadas de números desconocidos, creen que son de la policía, los invitan a dejar de manifestarse para no “atenerse a las consecuencias”. Si esto se corrobora, los abusos policiacos por parte del Estado, lejos de terminar, están como el Covid-19, en pleno pico y al alza. 

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