Si el reciente pasado del municipio de Tequila no fue para nada halagador, el presente menos… ¿y el futuro?, pinta ¿oscuro?, ¿nebuloso?, ¿conflictivo? Lo decimos porque, con el alcalde y tres de sus funcionarios tras las rejas; otros, como dicen malamente algunos reporteros de seguridad, “se dieron a la fuga” (sic); y gobierna un cabildo dividido y enfrentado, luego de que ediles observan con dudas a la nueva presidenta municipal por haber sido del equipo cercano del edil con nombre de muralista.
Y si bien el cabildo nombró nueva tesorera y eso permitirá descongelar los recursos municipales, y que fuerzas de seguridad de Jalisco y la Federación están al alba y descubrieron una finca con un arsenal, prosiguen los problemas. El ayuntamiento denunció que personas ajenas a la administración municipal están, de manera indebida, solicitando cobros indebidos. Ante eso, el gobernador Pablo Lemus dijo que la Fiscalía del Estado y los gobiernos municipal y federal deben investigar las extorsiones, porque la promesa es acabar con este delito… (porque pareciera que dejaron escuela en Tequila).
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Propone la diputada Yussara Elizabeth Canales González dos iniciativas complementarias, ambas relacionadas con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses: una, busca garantizar la dignidad post mortem y, otra, facilitar la localización de familiares de personas fallecidas identificadas que permanecen sin ser reclamadas. El objetivo es institucionalizar la búsqueda activa de familiares; reducir la saturación en instalaciones forenses; fortalecer la coordinación entre entidades federativas y garantizar la entrega digna de personas fallecidas identificadas. La crisis forense, señala, no puede normalizarse. Y, añadimos, demanda soluciones, ya.
Y a propósito del tema, ayer se publicó en el ‘Diario Oficial de la Federación’ el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Tiene implicaciones, obvio, para Jalisco.
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Aunque para muchos los drones son objeto de diversión e incluso se han vuelto uno de los regalos favoritos de los niños, la delincuencia organizada también los ha incorporado como herramienta. Ante esta situación, el gobierno del estado adquirió equipo y servicios antidrones, por los que pagó casi 30 millones de pesos a una empresa ubicada en San Juan de Ocotán.
La compra se hizo mediante adjudicación directa y el argumento de la Secretaría de Seguridad, que hizo la solicitud, fue que la amenaza que representan rebasa las capacidades tradicionales de vigilancia, defensa y control en espacios públicos y zonas de seguridad estratégica.
Solo hay un dato que salta. La empresa beneficiada se dedicaba a la venta de herramientas y muebles de baño, pero en marzo del año pasado cambió de giro para incorporar actividades de videovigilancia. Ocho meses después se le adjudicó el contrato.
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La Contraloría del Estado presentará un sistema de monitor público, durante la próxima sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, para dar seguimiento a posibles casos de corrupción en tiempo real. Que cualquier persona podrá verificar en qué instancia se revisan, desde la denuncia hasta la sentencia. Que se difundirán las etapas y el avance de los asuntos considerados de interés público en función de su impacto, relevancia social y posible daño al erario. ¿Sería solo para casos “representativos” con gran impacto?
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