Austeridad o tacañería 

La primera ocasión en que tuve un atisbo de lo que implica la austeridad republicana fue en el debate que se tuvo en la Cámara de Diputados en 1997, con motivo de la aprobación del presupuesto para el siguiente año. Esa fue la primera vez en muchas décadas en que el presidente tenía un Congreso con mayoría opositora, y los diputados del PRD de esa legislatura tenían la intención de impulsar reformas en muchos ámbitos, y una de ellas consistió en tratar de ajustar el presupuesto con el fin de liberar recursos para atender las necesidades y demandas de la población. 

En aquella ocasión, el PRD se dio cuenta de que había muchas partidas presupuestales diseñadas para satisfacer el ego de los funcionarios públicos, pero no para que cumplieran dignamente con su trabajo. Por ejemplo, cada año se renovaba completamente el parque vehicular del gobierno federal. Era claro que ciertas dependencias, como las que tenían patrullas o ambulancias, requerían forzosamente cambiar cada año sus vehículos, dada la intensidad de su uso; pero otras, como la Secretaría de Economía o la de Turismo, podían usar por tres años sus vehículos sin que eso afectara la calidad de su servicio. Otro ejemplo eran los viáticos de los funcionarios que tenían que viajar por cuestiones de trabajo, a quienes se les compraban boletos de primera clase y se les reservaban las suites presidenciales en hoteles de gran turismo. 

El PRD propuso recortes en esas partidas, ajustándolas para que se gastara en lo necesario para garantizar un servicio digno a la población, sin que eso implicara adquirir lujos para los funcionarios, pero el PRI y el PAN se opusieron.  

Esto viene a cuento porque en días pasados se supo que la Secretaría de Economía, que es parte del gabinete de López Obrador, le retiraría las laptops a 75 por ciento de sus empleados, indicándoles que para continuar con su trabajo deberán de llevar su equipo propio o, en su defecto, podían comprar la que tenían asignada pagando 4 mil pesos. Todo parece indicar que el equipo era arrendado, y la Secretaría dejó de pagarlo, con el fin de gastar menos. 

Esta es una más de las consecuencias de las indicaciones que la Presidencia de la República dio a todas sus dependencias: dejar de ejercer 75 por ciento de su presupuesto de este año para poder liberar recursos que se canalizarán a los proyectos prioritarios para el presidente, además de atender las consecuencias de la pandemia. 

Me parece que es claro que estamos en circunstancias extraordinarias, que están teniendo efectos muy negativos en todos los ámbitos, comenzando por el económico, y por lo tanto es necesario buscar alternativas para mantener en operación a una organización tan grande como lo es el gobierno federal. 

Sin embargo, las medidas que el presidente ha decidido implementar, a las que él denomina “austeridad”, están teniendo efectos contraproducentes, pues al parecer no tienen un sustento técnico, y por otra parte no se ve claro que haya algún criterio para determinar en qué sí y en qué no se debe dejar de gastar para alcanzar la meta de operar con solo 25 por ciento del presupuesto. Como muestra tenemos a todos los niños con cáncer que no han recibido la quimioterapia que requieren o la falta de medicinas o la falta de insumos para proteger al personal de salud que atiende a personas con Covid. 

Esa falta de claridad está llevando a que se tomen decisiones que más bien son tacañería, un vicio contrario a la austeridad, ya que su fin último es dejar de gastar hasta en lo necesario, con tal de seguir acumulando dinero, aunque no esté claro para qué se quiere guardar. 

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