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Cambios en INE y pensiones

Dos buenas noticias nos sorprendieron durante la semana recién transcurrida: la designación de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reforma en el sistema de pensiones. 

En el INE el relevo de cuatro consejeros arrancó con un proceso de selección sumamente cuidado, tanto por el comité de selección como por el mismo consejo general del instituto y los partidos políticos. Al final se logró el consenso sobre las cuatro personas que encabezaban las listas de posibles consejeros. El trabajo previo ayudó muchísimo a que, una vez hechas las postulaciones, se tuviera la sesión extraordinaria en donde el Congreso avaló la propuesta, con 399 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones; es decir, con mayoría calificada, a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, Martín Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona, por un periodo de nueve años. En todo este proceso lo destacable es que, por encima de las tensiones entre las diversas fuerzas políticas, los perfiles de los nuevos consejeros, su conocimiento y experiencia en temas electorales contribuyeron a agilizar la selección, con lo que el INE está en condiciones de recuperar su solidez y prestigio institucional. 

El sistema de pensiones será reformado. El presidente puso a consideración una iniciativa que tiene por objeto “mejorar las pensiones de los trabajadores en el momento de su retiro”. Se trata de una reforma que al parecer beneficia básicamente a los pensionados. El centro de las reformas tiene que ver con que, para pensionarnos, en lugar de acumular mil 250 semanas de trabajo, con 750 ya podemos cotizar. Las aportaciones de los trabajadores se mantienen fijas, no se incrementarán; mientras que las de los patrones aumentarán de 5.15 a 13.87 por ciento y las aportaciones del gobierno se concentrarán en el segmento de quienes ganan menos de cuatro salarios mínimos. 

La reforma propuesta por López Obrador afectará positivamente a alrededor de 20 millones de mexicanos y entre los beneficios esperados está que los trabajadores promedio incrementen su pensión en 40 por ciento. Antes de la reforma, las pensiones eran del mismo monto para todos, alrededor de 3 mil 289 pesos y con la reforma podrán variar en función de la edad, el salario y las semanas de cotización, lo que significa un promedio de 4 mil 345 pesos. 

Otro propósito es que se incremente el porcentaje de personas que puedan acceder a una pensión y pasemos del actual 56 a 97 por ciento. Claro, aquí nos preguntamos cómo y es muy probable que, aun siendo trabajadores por cuenta propia, deberemos tener un registro para poder cotizar. Ya en las preguntas, podríamos cuestionar cómo le hizo el presidente para que los empresarios se comprometieran a incrementar sus aportaciones y seguro que también tendrá que ver con incentivos económicos para aquellos que demuestren que contratan trabajadores en toda regla. En cuanto se discuta la nueva ley de pensiones, seguro que saldrán a relucir las “letras chiquitas”. 

Las comisiones de las afores se reducirán, al establecer criterios parejos, de manera que estén bajo los estándares internacionales. Lo malo es que no es retroactivo. Hasta ahora las afores habían trabajado bajo las condiciones de un mercado con poca regulación y mínima certidumbre para los pensionados. La reforma pretende dar certeza jurídica, regular la competencia y evitar que los fondos para el retiro se inviertan en capitales de alto riesgo, sin saber a dónde podrían ir a parar, en perjuicio de los pensionados. La idea es que se diversifiquen los riesgos, pero se fomente la inversión en infraestructura para México. Quizá esa sea una condición que también haya animado a los empresarios. 

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