Elecciones, ¿para qué?

México vive ahogado en la zozobra y la violencia. Las elecciones y la alternancia de poco han servido, y cada día estamos más sometidos por el crimen organizado. La pesadilla comenzó en tiempos de la hegemonía priista, siguió en épocas de la alternancia panista y se consolidó en el sexenio de Peña Nieto y en lo que va del actual. Todos estos gobiernos son responsables de la locura que se vive en las calles de muchas ciudades, pueblos y comunidades de México. Nadie se escapa. 

La brutalidad ha tocado las puertas de muchos hogares, estén o no involucrados con algún cartel o grupo delictivo. Mientras escribo este texto se han registrado nueve asesinatos en Zacatecas, entre ellos, dos policías que fueron colgados de un puente, y en Tamaulipas la violencia no se detiene: a pocos días de la masacre que cobró la vida de decenas de personas en la capital de este estado fronterizo, hace unas horas se registró un nuevo enfrentamiento entre la policía estatal y civiles que presuntamente pertenecen al Cártel del Golfo. 

Sin embargo, Tamaulipas y Zacatecas no son los estados con el mayor número de homicidios. Durante mayo de este año se han cometido 2 mil 963 homicidios en México –según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)–, la cifra más alta en lo que va de 2021 y la sexta más elevada en la actual administración. Atendiendo estos números, es claro el incremento de la violencia. Las seis entidades del país que reportan la mayor cantidad de asesinatos son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, gobernados por el PAN, Morena, MC, PRI, PRD y PAN. Es decir, en términos de inseguridad está muy bien representada la pluralidad partidista. 

Tan es así que el pasado proceso electoral dejó 102 políticos asesinados, entre ellos, 36 contendientes a distintos cargos, de acuerdo con un informe de la consultora Etellekt. En este reporte se confirma que del 7 de septiembre de 2020 hasta el pasado 6 de junio, día de la elección, se registraron mil 66 agresiones contra políticos de todos los partidos, incluyendo las 102 ejecuciones. 

Por otra parte, de acuerdo con un reportaje aparecido en la revista Forbes el 18 de mayo pasado, el costo de la violencia en México equivale a 22.5 por ciento del PIB, según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Esto se traduce en un impacto de 4.7 billones de pesos, cifra superior al reporte de 2020, que informó de un monto de 4.57 billones de pesos o 21 por ciento del PIB. 

Mientras tanto, en el mundo de la política, el senador Ricardo Monreal culpa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la escalada de violencia que se vive en Tamaulipas por no decidirse a favor del desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de aquella entidad. 

Pero qué pasa en el resto de las entidades del país donde sí hay poderes estables y Ejecutivos sin riesgo de destitución. El Estado mexicano y sus procesos democráticos tienen espacios de competencia limitados en el terreno de la realidad. En México no gobiernan los mandatarios que son elegidos ni imperan las leyes formales que supuestamente nos rigen. No nos engañemos, la verdadera ley es la del narco, poderosa y atroz, no respeta a las otras leyes y permite a la ciudadanía andar a paso normal hasta que de nueva cuenta nos demuestra quién manda. 

A veces suena muy ridícula nuestra devoción a la democracia procedimental en un país donde los presidentes municipales y gobernadores se deben poner en contacto con el crimen organizado, porque “siempre es necesario acordar con ellos”. Entonces, la pregunta de fondo es ¿qué clase de democracia es esta, en la que un candidato electo debe pactar con un criminal para poder, más o menos, gobernar? 

*Politólogo 

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