El Comité de Participación Ciudadana (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) calificó de contrarreforma a la llamada reforma 2.0 en materia de corrupción que fue votada el 27 de agosto en las comisiones de Puntos Constitucionales y Vigilancia, pues considera que hay retrocesos.
A través de un análisis, sus cinco integrantes señalaron que la iniciativa avalada es diferente a lo planteado en la propuesta de reforma anticorrupción 2.0 que fue elaborada por la sociedad civil organizada y enviada al Congreso desde diciembre de 2019.
La propuesta inicial buscaba fortalecer el papel del ciudadano dentro del SAE y que la Secretaría Ejecutiva de éste fuera un órgano técnico de apoyo al CPS, pero ambas sugerencias no fueron atendidas.
Al contrario, añadió el CPS, se vulneró la independencia del comité al establecer un mecanismo de remoción para sus integrantes a través de la Comisión de Selección y quitarles sus honorarios.
La reforma original también planteaba un modelo abierto de compras públicas y de contrataciones de obra con políticas antisoborno, pero no fue incluido en la propuesta avalada. Sólo se agregaron nuevas atribuciones que en el fondo no transparentan ni abren las adquisiciones al escrutinio público, recalcó.
Otros aspectos desatendidos fueron darle autonomía a la Fiscalía del Estado a través de un organismo constitucional autónomo, así como la pretensión de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) tuviera una unidad de investigación de hechos de corrupción para el seguimiento del rastro de dinero. Su creación al final fue asignada a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP).
Asimismo, el CPS lamentó que no se haya creado una ley de designaciones ni se haya puesto como plazo hacerlo a más tardar en un año.
El comité resaltó que en el proyecto legislativo sí se dio luz verde a la inclusión de un padrón de empresas pro-integridad que fue sugerido; sin embargo, no se fijó como requisito obligatorio para participar en compras públicas, lo cual daría pie a que se contraten a empresas sin marcos de integridad y políticas antisoborno.
La reforma avalada en el Congreso se aprobó sin la participación de diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sin que hubiera discusiones sobre algunos puntos. La entonces titular de la Comisión de Vigilancia, Mirza Flores Gómez, defendió el dictamen con el argumento de que el Congreso respondió a la propuesta enviada por la sociedad civil organizada.
Cámaras empresariales piden iniciativa integral
Tras la reforma anticorrupción avalada en el Legislativo, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del estado y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) hicieron un llamado al Congreso local para que apruebe una propuesta integral.
A través de su presidente, Raúl Uranga Lamadrid, la Canaco pidió aprobar la reforma 2.0 que fue entregada a finales de 2019 al Legislativo, pues consolidaría la transparencia, eficiencia y eficacia del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE).
La cámara pidió a la par asignar los recursos financieros y humanos necesarios para consolidar el SAE.
“En la Cámara de Comercio de Guadalajara pugnamos por una reformulación del sistema que ofrezca resultados tangibles con base en su productividad, nos brinde confianza y certidumbre a la ciudadanía sobre su capacidad e independencia para llevar a cabo esta importante misión”, concluyó en un comunicado.
Por su parte, la Coparmex Jalisco llamó a los legisladores a abrir espacios de diálogo y entendimiento, pero sobre todo de evaluación, para lograr una reforma 2.0.
Alertó además que la iniciativa avalada deja en peligro la operatividad del Comité de Participación Social (CPS) del SAE, lo cual fue respaldado por el CCIJ, institución que advirtió que la reforma pone en riesgo la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el estado. Edgar Flores
jl/I
