Simulación en la agenda de desapariciones

Para las familias y colectivos de desaparecidos, que la anterior Legislatura aprobara la nueva legislación fue un paso muy importante. Previo a la aprobación, trabajaron intensamente para que sus propuestas fueran tomadas en cuenta y para que su participación en los procesos de identificación fuera incluida. 

Para la clase política fue sólo una legislación más. Una vez aprobada y publicada dejó de ser su problema, como ha sucedido con otras leyes y reformas. Una vez más estamos ante su tan ensayada simulación. 

El 11 de noviembre pasado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) envió al Congreso del Estado un oficio en el que recuerda que Jalisco “sigue siendo la entidad federativa donde se cometen de manera generalizada graves violaciones de derechos humanos, tales como tortura y desaparición de personas”, sin que el gobierno del estado muestre la “suficiente voluntad para garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las miles de víctimas en la entidad”. 

La observación se hizo a propósito del Proyecto de Presupuesto de Egresos que envió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y que fue aprobado con cambios mínimos por los diputados. 

Cepad pidió que se hicieran las modificaciones para que se entregaran los recursos suficientes para la implementación y correcta aplicación de las reformas, ya que encontraron reducciones “a dependencias y programas encargadas de brindar apoyo a quienes han sido víctimas de dicha problemática”. 

Entre los puntos que se señalaron estaba la reducción en el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, al programa que funciona en el DIF para atención a familiares de víctimas de desaparición, así como el insuficiente incremento para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Aunque también se reconoció el incremento en los recursos para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, éste podría no cubrir las necesidades en ambas instituciones. La mayor parte de estas peticiones fueron ignoradas. 

Por su parte, el Consejo de la Judicatura envió también una petición al gobernador Enrique Alfaro para que se le dotara de más de 49 millones de pesos para la creación de cinco nuevos juzgados familiares para el primer partido judicial y la contratación de un secretario para cada uno de los 43 juzgados de la materia en el resto de la entidad, así como equipamiento para hacer frente a las atribuciones que la legislación sobre desaparición de personas trajo para el Poder Judicial. No hubo una respuesta en la asignación de recursos, pues sólo se entregaron fondos extraordinarios para la implementación de la reforma laboral. 

El 10 de noviembre pasado, el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda envió un oficio al Congreso del Estado para recordarles que han pasado 150 días desde que debían tomar protesta a la consejera María Catalina Mireles Romero y los diputados no han cumplido con ese simple trámite. 

En el documento se recuerda que el 30 de abril el Pleno del Congreso eligió a los integrantes del consejo, y nueve de los 11 rindieron protesta el 4 de mayo. Faltaron Mireles Romero y Paola Olimpia Muñoz, esta última especialista en el tema, quien finalmente cumplió con el trámite el 26 de mayo. Sin embargo, en el caso de María Catalina Mireles, quien llegó al organismo como familiar de una persona desaparecida en Lagos de Moreno, no se le ha tomado la protesta de ley. 

En Jalisco ya estamos cerca de llegar a los 15 mil desaparecidos. Es una cifra de escándalo. Sin embargo, las autoridades prefieren minimizarla o hacer como que atienden el problema. Pero no atender esta agenda y simular que se atiende es prácticamente lo mismo. 

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