Durante la comparecencia del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, legisladores de distintas bancadas cuestionaron la efectividad de la estrategia estatal en prevención del delito, atención a desapariciones, equipamiento policial y actuación en manifestaciones. Aunque el gobierno presume modernización tecnológica y eficiencia presupuestal, los diputados señalaron que los indicadores de seguridad y derechos humanos mantienen retrocesos, inconsistencias y falta de claridad institucional.

El diputado Alejandro Puerto advirtió la ausencia de una estrategia real para evitar el reclutamiento criminal de jóvenes y denunció contradicciones cercanas a 2 mil casos entre el padrón estatal y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. También criticó la compra de Cybertrucks como símbolo de “modernización” sin evidencia de mejoras tangibles, solicitando datos verificables sobre despliegue y resultados.

El secretario Juan Pablo Hernández respondió que se han fortalecido acciones preventivas dirigidas a jóvenes mediante la creación del área de búsqueda de personas, la Policía Escolar. Sobre las Cybertrucks, afirmó que permiten consultas en tiempo real a bases de datos y cámaras de Escudo Urbano, aunque su impacto no es cuantificable, y aseguró que ya se investigan posibles abusos policiales.

La diputada Mariana Casillas cuestionó el operativo del sábado en Guadalajara, que dejó 47 detenidos, 13 lesionados y denuncias de agresiones a manifestantes y periodistas. Reprochó la falta de detección oficial de predios como Las Agujas, Nextipac y Arroyo Hondo, donde se han hallado cientos de restos humanos, así como la prioridad de comprar patrullas blindadas mientras policías siguen patrullando sin chalecos.

Hernández sostuvo que solo 40 detenidos fueron turnados al Ministerio Público con evidencia del C5, que dos policías están bajo investigación por agresiones a comunicadores y que no hubo represión, sino presencia preventiva para evitar choques. Sobre desapariciones, afirmó que la Secretaría acompaña a colectivos y trabaja con Fiscalía y Fuerzas Armadas para ubicar zonas de reclutamiento y campamentos criminales. Añadió la compra de 2,019 chalecos balísticos cuya entrega iniciará la próxima semana.

Los señalamientos continuaron con otros legisladores, quienes coincidieron en que la crisis de seguridad, desapariciones y violencia en Jalisco requiere más que adquisiciones tecnológicas: demanda coordinación interinstitucional efectiva, claridad en los datos oficiales, sanciones reales a abusos policiales y políticas específicas para proteger a jóvenes, zonas rurales y comunidades históricamente marginadas.

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