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El anticorrupción
La marcha al Zócalo
Todo un tejido de complicidades, corrupción y favoritismo familiar creó el encargado de la obra pública de El Salto, en su municipio y en Tonalá. Lo que esta vecindad ha nombrado como Red Peña es un conjunto de siete empresas ligadas entre sí que han ganado en lo que va de las actuales administraciones municipales casi 200 millones de pesos en obras.
El mecanismo más irregular es que el director de Obra Pública saltense, José Rigoberto Peña Rubio, es tío del apoderado legal de las siete constructoras, Roberto Carlos Valenzuela Peña. No sólo es claramente ilegal la entrega de contratos a un sobrino, sino que además hubo un cochinero (ya detectado por la Auditoría Superior de la Federación) en las adjudicaciones directas de Tonalá. Y ni siquiera se salva la transota con la justificación del bien común, porque además las obras tienen retrasos, defectos y sobrecostos. Si frente a esta trama de anomalías llamada Red Peña no pasa nada, entonces podemos dar por muerto al tan cacareado Sistema Anticorrupción Estatal.
Solo 608 operativos realizó la Comisión de Búsqueda del Estado en todo 2022. Comparado con el número de personas aún desaparecidas, fue un operativo por cada 22 desaparecidos. Aun así, la dependencia está empecinada en decir que no está rebasada. ¿Entonces cómo le decimos si no tienen la capacidad de buscar a todos los desaparecidos? 2022 fue año récord en desapariciones y el año con menos localizaciones en lo que va de la administración encabezada por Enrique Alfaro Ramírez.
Y ahora se recomprueba que 11 buscadores no son suficientes para rastrear y localizar a más de 13 mil personas. Once buscadores hicieron lo que pudieron para buscar a 608. Además, la comisión sólo buscó en 30 municipios, aun cuando en 85 hay personas desaparecidas. Es decir…
Nomás empezó 2023, cuando transcurría el segundo día, y a Lagos de Moreno le tocó de nuevo ser escenario de acontecimientos violentos: siete muertos en las últimas horas. Los primeros dos aparecieron calcinados en la vía pública, en una colonia; otros tres, señalados como agresores, que fueron perseguidos y abatidos por policías, y dos más acribillados por desconocidos en una vivienda. Todos los casos ocurrieron con pocas horas de diferencia.
Las fuerzas de seguridad, eso sí, hay que destacarlo, capturaron a siete varones y una mujer presuntamente involucrados en el ataque a tiros a policías, además de que aseguraron equipo táctico y armamento. La ciudad alteña ha padecido numerosos casos de violencia y desapariciones desde hace años, que como oleadas se registran una tras otra. Y llegan administraciones federales, estatales y municipales, de diferentes colores, sin que garanticen la paz y la justicia a las familias laguenses. Que se anuncie que se reforzará la seguridad en esa ciudad y en la región norte de Jalisco, fronteriza con Zacatecas, es una cantaleta que hemos escuchado muuuuchas veces… y la violencia prosigue… sin freno…
Luego de que en redes sociales empezaron a circular imágenes con una pifia en la nomenclatura de la colonia Jardines Vallarta, la regidora de Morena en Zapopan Karla Díaz se comprometió a plantear el caso ante el pleno del Municipio para que “haya consecuencias” de quien o quienes hicieron mal su chamba (y que no serían contratados como editores en ninguna empresa, agregamos).
¿Y cuál es el gazapo laminero? Que en placas (no se sabe cuántas) aparece “Igancio L. Vallarta”, en vez del nombre correcto de quien en el siglo 19 fuera gobernador de Jalisco y, además, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o séase, Ignacio L. Vallarta. Un dedazo es un errorzazo… que altera todito.
qp@ntrguadalajara.com
jl/I