INE, la defensa ineludible

El que busca defectos, los encuentra. Es verdad que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene, en apariencia, un tema con el pago de los salarios y las prestaciones de sus consejeros, que para algunos es excesivo e inmoral, mientras otros señalan que la carga de obligaciones que se le han acumulado al organismo, lo justifica. Es un asunto que debería analizarse con seriedad y plantearse eventualmente una rebaja, una vez que se rediseñen algunas de las cargas de la institución, cuya composición actual es fruto de tres decenas de años de discusiones y enfrentamiento de intereses partidistas, entre ellos, el del movimiento que encabezó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, para garantizar procesos electorales equitativos y transparentes, que permitan al ciudadano confiar que ese requisito básico de toda democracia representativa, votar y ser votado, se cumpla a cabalidad. 

Lo que no se vale es que se use de pretexto el destino de una bolsa que ronda los 400 millones de pesos anuales –que es mucho dinero, pero no representa más de 3 por ciento del presupuesto anual del INE – y se esté dispuesto a torpedear un organismo esencial para la democracia. Y eso parece buscar el famoso plan b del presidente de la República, impuesto sin diálogo por sus mayorías camerales, y que deberá disputarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las semanas siguientes. 

La ofensiva del presidente contra el INE es inédita: ningún presidente, en una historia que arranca con Carlos Salinas de Gortari, se atrevió a buscar imponerse sobre la pluralidad de los partidos. Todas las reformas fueron efecto de negociaciones complejas y estiras y afloja, y fueron votadas por unanimidad. Una demostración de lo que ha significado el arribo del tabasqueño a Palacio Nacional: no le importa negociar nada, apuesta por la polarización y por la imposición (el “mayoriteo”), porque de este modo, manipula un relato para partir el mundo entre buenos y malos, donde es lógico, los buenos son los suyos. ¿Quién en sus cabales va a conceder algún derecho a los malvados, que merecerían estar en la cárcel por hipócritas, vividores y ladrones? Es un cuento explosivo y del cual ha sacado mucha renta. 

Pero no hay que creer ilusiones para no ser ilusos. Detrás de su supuesto afán de someter a la austeridad a los consejeros, ha presentado una serie de medidas que lleva a que se reduzca el aparato electoral y pierda su condición de autonomía. Y resulta que se trata de quienes cuentan los votos. Si desaparecen las 300 juntas distritales, se elimina más de 84 por ciento de las plazas del servicio civil de carrera y se cambian las reglas para selección de funcionarios de casilla, hasta llevar a los consejeros a hacer campaña para ser elegidos directamente “por el pueblo”, simplemente se le estará entregando al gobierno federal el control del proceso, de forma simulada, pues se deja un organismo sin autonomía efectiva, es decir, sin la capacidad de encargarse del proceso electoral sin la intromisión del Ejecutivo en turno. 

Y todo parte del tema de los salarios excesivos. No es la primera vez que deja patente el presidente su interés en reducir o eliminar los organismos autónomos que de algún modo le restan poder a la iniciativa presidencial. Antes fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y seguramente pronto tratará de someter al Instituto de Transparencia. Y todo esto, porque debemos aceptar que su mera “autoridad moral” basta como garantía. Un grave error y una completa falta de perspectiva desde psicológica hasta histórica: el poder desmesurado, lo podemos leer ya en la literatura antigua, hizo que los mejor intencionados se convirtieran en tiranos. 

No hay manera de ir contra una herencia evolutiva que cristaliza en eso que Nietzsche llamó “la voluntad de poder”: a menos que pongamos contrapesos institucionales, una sociedad civil fuerte y unos medios de comunicación críticos que señalen lo que está mal. Todas esas cosas de las que no gusta López Obrador. 

Twitter: @agdelcastillo

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