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Nueva manera de hacer política
Después del debate
El conflicto por las tierras de la comunidad coca de Mezcala con el particular Guillermo Moreno Ibarra no termina pese a que las 10 hectáreas que estaban en posesión de éste fueron reintegradas al patrimonio comunal por orden judicial en octubre de 2022. Ahora, el empresario ha decidido acusar a los cocas de la ribera norte de Chapala de presunto abigeato, lo que ha indignado a los comuneros, que ven venganza en el acto y analizan demandarlo por daño moral.
El 4 de octubre de 2022, la comunidad recuperó las tierras invadidas por Moreno Ibarra, quien desde el 28 de octubre de 2021 estaba enterado de que le había sido negado el amparo contra la sentencia del Tribunal Superior Agrario del 14 de febrero del 2019, misma que confirmaba la del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Decimoquinto del 10 de septiembre de 2014.
“Se condenó a Moreno Ibarra a restituir a nuestra comunidad indígena la superficie de que se había apoderado ilegalmente en el año 2002”, recordaron en un comunicado los indígenas.
El día señalado para la diligencia de desalojo, el particular “envió a su trabajador José Luis González de la Cruz, con quien se entendió entonces dicha diligencia; nuestra comunidad en un acto de buena voluntad permitimos que esta persona y la cuadrilla de trabajadores a su cargo procedieran a retirar del lugar todos los bienes muebles que pudieran ser retirados, entre otros el rebaño de chivos que allí se encontraban, tal y como se desprende y acredita del acta de ejecución que fue elaborada en esa fecha por la brigada de ejecuciones adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV, y del recibo que el propio José Luis González de la Cruz firmó a nuestro comisariado ejidal al momento en que retiró dicho rebaño”.
Pese a esas evidencias legales, el 14 de julio llegaron a la oficinas de la comunidad “personas que se identificaron como miembros de la Policía Investigadora, de combate al delito de abigeato y robo de animales”, quienes les hicieron saber que Moreno Ibarra acusaba a los integrantes del comisariado de bienes comunales y a los asesores legales Rubén Ávila Tena y Edgar García Macias “de habernos robados las chivas”.
A la comunidad le parece “indignante” lo que ve como un simple ejercicio de venganza personal de Moreno Ibarra y pidió poner la lupa en el agente del Ministerio Público Francisco Javier González García, quien, en el mejor de los casos, consideran fue sorprendido por el acusador para, sin pruebas genuinas, dar paso a una acusación de esa gravedad.
jl/I