Entre que las autoridades responsables de los presupuestos suelen asegurar, entre otros argumentos, que hay retrasos en la entrega de participaciones federales, que existen licitaciones que tardan meses en adjudicarse o que los remanentes son economías o ahorros institucionales, las cifras revelan que el año pasado el gobierno de Jalisco tuvo un subejercicio de 12 mil 671 millones de pesos.
Tan solo en participaciones a los municipios, el subejercicio rebasó los mil 600 mdp, de acuerdo con lo que reporta en su plataforma de transferencia la Secretaría de Hacienda Pública. Sin contar que, contrario a la versión de que faltan recursos (lo destinado al Mundial desmiente esta afirmación), resulta que en 2025 el gobierno estatal esperaba 60 mil 238 mdp de transferencias federales etiquetadas, pero recibió 64 mil 97. El tema requiere explicaciones.
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Ayer los diputados volvieron a darse con todo. Parece que no andaban de buen humor porque tuvieron que interrumpir sus vacaciones mundialistas para asistir a una sesión de pleno. Todo comenzó porque la diputada de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez, desenfundó el arma para cuestionar al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, por la participación de su familia en contratos del rastro municipal.
La legisladora Valeria Ávila, de Hagamos, respondió a la emecista que no tenía autoridad moral, pues ella como presidenta de la Comisión de Administración es responsable de las fallas que hay en el pleno, recién remodelado por la módica cantidad de trece millones de pesos, que incluyen las pantallas con fallas y las curules ya con daños.
Para cerrar con broche de oro, a la legisladora ‘naranja’ Mónica Magaña se le olvidó que no ha aclarado de dónde sacó trece millones de pesos en efectivo y por qué no declaró esa inversión, que luego denunció en un fraude, y se subió a respaldar a su compañera de bancada. La lana, epicentro de las acusaciones entre legisladoras...
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Lugo de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que "alguien financió" el traslado de Jalisco a la Ciudad de México de familias y colectivos con personas desaparecidas, y que investigaba el origen de esos recursos, la tundieron. Organismos y agrupaciones acusan que su declaración es una estigmatización pública que deslegitima el derecho a la protesta y representa un riesgo para la seguridad de las familias, “sumado a sus amenazas en su labor de búsqueda”.
Doña Viky, Virginia Ponce, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco y cuyo hijo Víctor Hugo desapareció en 2020 en Tesistán, Zapopan, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “que no deje que las autoridades se distraigan investigando cómo le hicimos para ir a la CDMX”. Aclaró: “Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos. Pero ahí estábamos, luchando como cada día”. Solicitó que pida a la Fiscalía “que en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se pongan a investigar cómo se fueron nuestros hijos”.
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La diputada local Brenda Carrera presentará una iniciativa para que oooooootra vez, con fines preventivos, se faculte la revisión de mochilas en las escuelas. Desde 2017, con el programa Mochila Segura, el tema ha sido requete debatido y rechazado por violar derechos humanos. Un argumento es que revisar las pertenencias corresponde a los hogares.
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