El “modelo de negocios” es muy conocido en Jalisco: talar arbolados o incendiar bosques es allanar el camino para construir cabañas o fincas (bosque La Primavera), expandir fraccionamientos (bosque Nixticuil, en Zapopan), aumentar huertas de aguacate (San Gabriel), sembrar agave (en cualquier municipio), contar con estacionamientos (tiendas y fincas del Área Metropolitana de Guadalajara) y hasta propiciar obras de infraestructura o movilidad (Línea 3 del Tren Ligero o la Línea 5). Los árboles estorban a empresas, particulares y autoridades.
En el caso de San Gabriel, las autoridades reconocieron hace siete años que un bosque de pino y encino fue incendiado. Ahora, parte de esas tierras que quedaron bajo fuego son huertas de aguacate. La tala y quemas de masa arbórea ocasionaron en 2019 que cinco personas murieran, otra desapareciera y más de 3 mil resultaran afectadas por la avalancha de troncos, piedras y lodo que descendió por el río Salsipuedes. Hoy es aniversario de la tragedia.
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Un énfasis no puesto por los organizadores del Mundial FIFA 2026 lo colocan las comisiones de derechos humanos de las entidades sedes: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Las tres reconocen que el evento puede impulsar agendas de inclusión, convivencia y cultura de paz. Señalan que el deporte tiene una dimensión social que trasciende la competencia, fortalece vínculos comunitarios, promueve la participación colectiva y genera espacios de encuentro entre personas y comunidades diversas.
Pero apuntan que la experiencia comparada de megaeventos deportivos documenta de manera consistente impactos que, de no anticiparse, agudizan desigualdades estructurales, enmarcadas en desplazamiento de comunidades, reconfiguración urbana que afecta el espacio público, restricciones a libertades civiles, criminalización de la pobreza, riesgos de violencia, explotación laboral, trata de personas, afectaciones ambientales y exclusión de poblaciones históricamente discriminadas. ¿Cuántos impactos anticiparon los organizadores?
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Si para sacar adelante la nueva ley de transparencia se concedió a la UdeG que sea autoridad garante, aun siendo un organismo público descentralizado, y que la Agencia de Transparencia de Jalisco, dependiente de la Contraloría del Estado, sea un órgano colegiado de tres, y no de una persona, la pregunta que nadie responde es: ¿qué más quieren para que el asunto vea la luz?
Mientas la indecisión y negociaciones en el Congreso del Estado deja en la incertidumbre jurídica en materia de transparencia, la carga de recursos por ayuntamientos se acumula en la Contraloría del Estado (autoridad garante), pues no atienden solicitudes de información y no publican información fundamental en sus sitios web. El daño ya lo hizo el Congreso del Estado por incumplir al no sacar la nueva ley de transparencia… y la herida se agranda...
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En lo que va de 2026, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado ha recibido 34 denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada de servidores públicos y otras probables infracciones electorales; además de nueve denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Todavía no empieza el proceso electoral y hay políticos con ansias por figurar como pre-pre-aspirantes a cargos públicos en 2027. Lo que es la ambición de poder.
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A diítas del Mundial, en ‘safe’, pasado mañana arranca operaciones la Línea 5 MacroAeropuerto. Contará con ocho estaciones a lo largo de la carretera a Chapala.
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