Diez cargos para repartir

A los diputados locales les gusta que el reparto del pastel sea en grande, y hasta juntan la mayoría de los cargos para que a todos les toque, queden contentos y no haya quejas; incluso aceleraron los tiempos para tomar las decisiones antes de irse a campaña y de que termine el año.

En total serán nueve magistraturas y un titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, donde los aspirantes deben tener sus padrinos políticos para poder llegar al cargo.

Afirmamos que juntaron todos los cargos porque no era novedad de que había vencimientos; varios de ellos habían vencido desde hace meses en el Supremo Tribunal de Justicia y no les preocupó ocuparlos; al contrario, dejaron que pasara el tiempo para que se fueran acumulando con los que estarían por vencerse. La bolsa acumuló nueve puestos.

Y resulta tan notoria esta estrategia, que no tuvieron empacho en modificar las convocatorias emitidas para elegir a ocho magistrados y agregar una nueva cuando se conoció que el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Carlos Trejo, renunciaría un año antes a su encargo, y así sumaron otro puesto para repartir.

En total son siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, se buscan tres hombres y cuatro mujeres; dos del Tribunal de Justicia Administrativa, para un hombre y una mujer, que deben ser electos a más tardar el 15 de diciembre, y el procurador que tiene como fecha tope el día 13.

Tendrán prisas para hacerlo porque las fechas límites que se pusieron coinciden con la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Estado para el próximo año y con el último día hábil en el Poder Legislativo.

Todo lo dejaron en la última fecha posible para ellos antes de que se distraigan, aunque algunos ya lo están, por el proceso electoral.

Aparte de preocuparnos de que se repartan las posiciones sin conocer quiénes serán los candidatos, lo que es cuestionable es el poco tiempo que tendrán para analizar perfiles y con tantos temas importantes a discutir pasará lo de siempre, que no analizarán a profundidad si son los mejores candidatos para los puestos.

Lo que ocurrirá es lo mismo que pasa en cualquier otro proceso de elección que ha tenido la actual legislatura, simplemente palomear los requisitos de elegibilidad y de documentación y buscar contar con los votos suficientes que les garantice la designación.

Los parámetros de los exámenes de aptitudes y de control de confianza, que vienen en las convocatorias y que se pusieron para poner más candados a estos perfiles, se convierten en un mero trámite para depurar la larga lista de interesados y no en herramientas que les permitan tomar las mejores decisiones.

Aquí siguen ganando los recomendados con padrino político que garantice los votos y los acuerdos políticos para llegar al cargo, y si hasta las mesas directivas en el Congreso local se negocian para que los votos den por quiénes quieren que se queden al frente, igual ocurre con los cargos que tienen altos salarios y que después pueden usar para favores políticos.

El caso de la elección del procurador sería uno de los más cuestionables porque nadie vigila la actuación del que está en funciones, no les interesa lo que hace y simplemente lo ven como un puesto más para dar trabajo a algún conocido; ésa se convierte en la mayor preocupación.

Si los diputados locales no conocen las funciones de cada puesto que ponen a concurso, difícilmente podrán establecer los parámetros necesarios para tomar las decisiones.

Y mucho menos podrán evaluar con rigor a los aspirantes para saber si tienen el perfil que buscan o saber quién es mejor que el otro.

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GR