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Tlaquepaque
Jueza
La actual legislatura se impuso el compromiso de reducir la nómina obesa al mandar hacer el año pasado un estudio al Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) para realizar una reingeniería administrativa, y la respuesta fue que tenían 640 plazas de más. Ahora que tienen la oportunidad de congelar 25 puestos le dan la vuelta para hacerlo.
En ningún momento se ha construido la propuesta de darlas de baja, de desaparecerlas para generar el ahorro que requiere el Congreso local o para cumplir con su compromiso de reducir la nómina.
En pocas palabras, se trata de un botín económico que busca el mejor postor y hasta el momento el gancho ha sido que se vayan al escalafón para que los trabajadores que ganan menos puedan ocuparlas y mejorar su situación financiera; una propuesta que no suena mal, lo malo es que está viciada de origen y genera incredulidad sobre que en realidad se quiera ver por el trabajador que menos gana.
Los empleados, sobre todo los que no están sindicalizados, reconocen que estas 25 plazas, que hoy admiten, están “amarradas” con los diputados locales, la secretaría general y el sindicato que tiene la mayoría porque a toda costa buscan mantenerlas en vez de desaparecerlas.
¿Y por qué? La respuesta es el sueldo que tienen; son plazas que muchos quisieran tener porque el Congreso local se distingue por ser de los entes públicos que tienen los mejores salarios.
Ante la negativa a darlas de baja, lo que buscan es actualizar el Reglamento de Escalafón para poderlas concursar entre los trabajadores de base y que quienes tienen un menor salario puedan subir de nivel, y poder dejar las reglas claras para futuras vacantes.
Debido a que la redacción del documento se mantuvo mucho tiempo en el oscurantismo y cuando se reveló generó desconfianza en muchos empleados porque ven que puede manipularse para beneficiar sólo a unos cuantos como ocurre visiblemente en el reparto de magistraturas, consejeros y cualquier otro cargo en el Congreso local.
Y como suele pasar con las situaciones que tienen que ver con recursos o con dinero, todo se politiza y genera la ambición de los que tienen poder en la toma de decisiones, genera sospechosismo sobre si es la mejor opción.
Ante esta incredulidad surge una propuesta formal de 177 empleados de base de congelarlas de manera definitiva y que los recursos que ya están presupuestados se usen para aumento salarial.
Esto ayudaría a la estadística de reducción de número de empleados, pero no en el costo de la nómina.
La decisión está en los diputados: o siguen con los repartos o cumplen con su palabra y meten tijera a la nómina, pero tienen miedo de que los sindicatos les bloqueen nuevamente el ingreso o les cierren las calles porque ya hay acuerdos que tendrían que romper.
Así es que veremos con quien es el compromiso y el beneficio antes de irse a campaña o si logran patear el bote a la siguiente legislatura. ¿Cómo pueden pedir el voto para la reelección u otro cargo si no cumplen sus promesas?
La mejor carta de presentación son los actos consumados y las promesas cumplidas y aquí salen perdiendo todos, porque son cómplices por omisión y otros por decisión propia.
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jl/I