Caso Iker Frangie muestra dominio de intereses privados

El activista Héctor Castañón consideró que la designación de Iker Frangie Martínez como procurador ambiental es una muestra a nivel local de cómo los intereses privados están dominando las decisiones públicas, las cuales inciden en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Es el riesgo de que los intereses privados dominen lo público, cuando tendrían que ser dos lógicas bien diferentes. El objetivo empresarial es hacer dinero, con una serie de normas, y del sector público es garantizar derechos. El primer mandato que tienen los gobiernos es garantizar derechos”, indicó.

Castañón, quien el día de mañana participará en el evento de “Trazar una Línea Roja contra la Desigualdad”, de Alianza Contra la Desigualdad México, explicó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manda un mensaje contundente al decidir no remover al nuevo titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), quien es hijo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

“Con esta decisión lo que está demostrando el gobernador es que da prioridad a su grupo político empresarial que lo ha impulsado, en lugar de la protección del medio ambiente. Porque seguramente hay mejores perfiles, más especializados y sin conflicto de interés que podrían ocupar esa posición y brindar un mejor desempeño en el cuidado ambiental”.

Consideró que preocupa que se relaje la vigilancia y sanciones a empresas que no cumplen con la normatividad ambiental, y enfatizó que ningún cambio ha llegado sin presión social, por lo que toca a los ciudadanos inconformarse y tomar acciones al respecto.

“El caso de Frangie ilustra muy bien cómo un grupo empresarial, que es el grupo Coparmex, va ganando posiciones de poder y colocando perfiles de corte empresarial en principales espacios de decisión”, abundó.

El activista recordó que Jalisco tiene una de las peores crisis ambientales, con días donde se rebasa la calidad del aire, el río más contaminado, deforestación e incendios. “Todo está movido por la actividad económica que no está siendo regulada y estos actores ven como un obstáculo la normatividad ambiental”.

FR