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Programa
Desinterés
Pasaron ya cinco años de las desapariciones forzadas del 5 de junio de 2020 y dos años del retiro del antimonumento 5J, y hasta ahora las decenas de víctimas de las violaciones de derechos humanos de ese día no han recibido justicia ni reparación integral del daño.
Ayer, en la Plaza Imelda Virgen de Guadalajara, donde debería estar el antimonumento 5J, algunas de las víctimas, organizaciones y jóvenes se reunieron para realizar un acto performático para recordar la deuda que el gobierno de Jalisco tiene por el llamado halconazo tapatío.
Con sus cuerpos, un grupo de personas vestidas de negro formó el antimonumento 5J en el piso de la Plaza Imelda Virgen. A la par, el resto de personas presentes hizo una promesa: “El antimonumento 5J es nuestro y va a volver a la Plaza Imelda Virgen”.
En el evento se recordó cómo desde el 5 de junio de 2020 nada ha cambiado. Aunque el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que la Fiscalía del Estado (FE) estaba infiltrada, no hay evidencia alguna de que se haya trabajado para limpiar la corporación, y, además, la represión de las protestas persiste en el estado.
En un pronunciamiento conjunto con el Centro de Justicia para Paz y el Desarrollo (Cepad), el colectivo #5deJunioMemoria recordó que a la fecha las autoridades siguen negando que ese día hubo desapariciones forzadas y tortura, lo que abona al contexto de impunidad que rodea al caso.
Lamentó además que tras la represión del 4, 5 y 6 de junio de 2020 se creó un grupo especializado dentro de las corporaciones estatales de seguridad con la promesa de garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos durante protestas sociales; sin embargo, ese mismo grupo se ha encargado de generar violencia en manifestaciones recientes.
Recriminó además que se le apueste al olvido por parte de las autoridades, pero recalcó que ellos y el Cepad seguirán en la lucha para mantener en la memoria colectiva lo ocurrido el 5 de junio.
“A cinco años de los hechos del 4, 5 y 6 de junio de 2020, las víctimas siguen sin verdad, sin justicia, sin reparación integral y sin garantías de no repetición. Como sociedad seguimos sin saber qué realmente ocurrió esos días y cuál fue la magnitud de la responsabilidad del Estado. La represión de la protesta social ha sido una práctica sistemática y arraigada en los últimos años. Exigimos justicia”, añade el pronunciamiento.
En el marco del quinto aniversario del halconazo tapatío, el colectivo Luz de Esperanza realizó una jornada que consistió en una pega de fichas de búsqueda y en un conversatorio en el espacio autónomo Casa Caracol Urbano, donde reunió a organizaciones en resistencia e hizo un llamado emotivo a la sociedad para no permanecer indiferente ante la crisis de desapariciones.
Durante el conversatorio se afirmó que el 5 de junio de 2020 “se vive todos los días" al subrayar que la desaparición forzada no es un hecho aislado, sino un fenómeno sistémico tolerado e incluso promovido por el Estado mexicano.
Se denunció además el abandono institucional, la revictimización constante y la falta de empatía por parte de las autoridades y gran parte de la sociedad. En palabras del colectivo, “Jalisco es el peor estado para ser víctima de violaciones a derechos humanos”.
Las familias también alertaron sobre un fenómeno creciente: el reclutamiento forzado de jóvenes, muchas veces desaparecidos mediante ofertas falsas de empleo. “Si sobreviven al levantón y a la tortura, la alternativa es unirse al crimen o morir”. Miguel Ángel Vidal Preza
jl/I