La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, anunció la emisión de un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, el cual contempla la publicación de más información sobre contrataciones públicas, auditorías y las empresas productivas del Estado, además de una iniciativa para modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante la mañanera, la funcionaria explicó que el decreto será publicado este 4 de agosto y tiene como objetivo ampliar el principio de máxima publicidad, poniendo a disposición de la ciudadanía información que va más allá de las obligaciones legales vigentes.
El fortalecimiento de la transparencia se concentrará en cuatro ejes principales. El primero corresponde a las contrataciones públicas, con la publicación mensual de información actualizada sobre todos los contratos federales y sus convenios modificatorios.
El segundo contempla la difusión de información relacionada con las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras.
En materia de fiscalización y auditorías, el decreto prevé hacer públicos el programa anual de fiscalización, estadísticas, resultados de auditorías, seguimiento a observaciones y la designación de despachos auditores externos.
Además, el Gobierno federal convocará a estados, municipios y otros poderes públicos a sumarse de manera voluntaria a este esquema de apertura de información.
Raquel Buenrostro señaló que toda la información estará disponible a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y señaló que el propósito es facilitar la consulta pública mediante una mejor organización de los datos.
La secretaria también adelantó que se realizarán modificaciones al régimen de reservas de información. Explicó que se eliminarán diversas causales para simplificar el marco jurídico y que únicamente permanecerán las relacionadas con el interés público y la seguridad nacional, en apego a lo establecido por la Constitución.
Añadió que la información clasificada será reservada de manera temporal y que, cuando sea posible, se publicarán versiones públicas de los documentos para garantizar el mayor acceso posible a la información gubernamental.
GR
