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Haciendo limpieza en Vallarta
Desinterés
Con mayoría de votos, la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso local aprobó el dictamen constitucional que elimina al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) y transfiere sus atribuciones a las contralorías internas de los tres poderes, los órganos autónomos, los Municipios, así como a nuevas figuras administrativas que actuarán como garantes de la transparencia y protección de datos personales.
La medida responde a la armonización con la reforma federal en materia de simplificación orgánica que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) y eliminó la obligación de contar con organismos garantes autónomos en las entidades federativas.
El dictamen aprobado modifica los artículos 9, 21, 35, 74, 97, 106 y 107 Ter de la Constitución local. Entre los puntos centrales de la reforma destacan que la Contraloría del Estado será ahora la autoridad garante local encargada de resolver asuntos de transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo y los Municipios.
Asimismo, que los órganos internos de control del Legislativo, Judicial y demás sujetos obligados actuarán como autoridades garantes en sus respectivas esferas, y que se reconoce al “comité del subsistema de transparencia del estado de Jalisco” como la instancia coordinadora en la materia, cuyas funciones y facultades serán reguladas por las leyes correspondientes.
También que las resoluciones de estas autoridades serán vinculantes, definitivas e inatacables, salvo en los casos previstos en las leyes.
Además, se derogaron artículos que mencionaban expresamente al Itei, como su integración, atribuciones y procedimiento de nombramiento de sus comisionados, y su participación en el juicio político, la estructura del Congreso y la elegibilidad para cargos de elección popular.
Si la reforma se avala en el pleno, el decreto será publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco y entrará en vigor al día siguiente. A partir de entonces, el Congreso tendrá 180 días para adecuar las leyes estatales a este nuevo esquema. Durante ese plazo se espera que se presenten reformas a las leyes de transparencia estatal, de protección de datos y anticorrupción.
El grupo ciudadano Compromisos por Jalisco criticó que la reforma al sistema estatal de transparencia ignora las nuevas realidades y necesidades sociales en el ejercicio del derecho a la información, además de vulnerar el principio de progresividad. Frente a esto, reiteraron tres propuestas clave que han planteado ante el Congreso.
Los ejes son la inclusión de un consejo consultivo ciudadano con participación de expertos de la academia y la sociedad civil; el fortalecimiento de los órganos internos de control con un presupuesto constitucional irreductible, considerando las nuevas atribuciones que asumirán; y que la entrada en vigor del nuevo modelo legal ocurra el 1 de enero de 2026 o una vez promulgadas las más de 19 leyes secundarias necesarias, entre ellas las de transparencia y de protección de datos personales.
Además, advirtieron que la suspensión de 90 días contemplada en el dictamen representa un riesgo, pues durante ese periodo se pone en pausa la garantía de derechos fundamentales. Por ello, hicieron un llamado al Congreso de Jalisco a legislar con visión de futuro, centrando el enfoque en las personas titulares de estos derechos y no en intereses políticos o institucionales. Miguel Ángel Vidal Preza
jl/I