El senador Manuel Añorve, líder de la bancada del PRI en el Senado, destacó que la aprobación de la nueva Ley General de Extorsión representa un avance significativo en la protección de las víctimas y en la homologación del castigo a uno de los delitos que más afectan a la población.

En entrevista para Informativo NTR, Manuel Añorve explicó que su grupo parlamentario votó a favor de la reforma porque, por primera vez, establece un tipo penal único en todo el país, con penas base que van de 15 a 25 años de prisión, frente a las disparidades que existían entre legislaciones estatales.

El senador subrayó que la ley incorpora medidas clave, como la protección total de los datos personales y la identidad de las víctimas, lo que permitirá presentar denuncias sin riesgo de represalias. Recordó que muchos ciudadanos no denuncian por miedo a que los delincuentes tomen represalias contra ellos o sus familias.

El legislador señaló que la ley también contempla penas adicionales para quienes introduzcan teléfonos a los reclusorios, desde donde se cometen miles de extorsiones telefónicas cada año, así como sanciones más severas para servidores públicos que participen en estos delitos o no los denuncien, las cuales quedaron fijadas entre 10 y 20 años de prisión.

Durante la discusión, dijo, se corrigieron cambios hechos en la Cámara de Diputados, como la reducción de penas a funcionarios involucrados en extorsiones, y se fortalecieron disposiciones para cancelar de inmediato líneas telefónicas vinculadas a actos extorsivos.

El senador resaltó también el aumento de sanciones para los llamados “montachoques”, con castigos que pueden llegar hasta 42 años de cárcel, debido a la frecuencia y violencia con la que operan estas bandas en distintas ciudades del país.

Pese a reconocer los avances, Manuel Añorve advirtió que la implementación plena de la ley requiere un presupuesto específico para crear unidades especializadas en extorsión, con ministerios públicos, policías y analistas capacitados. Lamentó que Morena no aceptara destinar recursos para ello, lo que podría limitar la eficacia de la reforma.

El senador insistió en que aún falta una campaña nacional para que la ciudadanía tenga confianza en denunciar, especialmente quienes padecen las llamadas “cuotas” que grupos criminales imponen a negocios, mercados y tianguis, donde muchas víctimas prefieren guardar silencio por temor a represalias.

GR