El exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, advirtió que la nueva Ley de Aguas Nacionales que impulsa el gobierno federal podría profundizar la crisis hídrica en el país si no se corrigen aspectos clave del proyecto.

En entrevista para Informativo NTR, explicó que la propuesta se divide en dos iniciativas: una nueva Ley General de Aguas que define la coordinación entre autoridades y sectores privados para garantizar el derecho humano al agua, y una serie de reformas a la Ley de Aguas Nacionales vigente. Sin embargo, alertó que esta doble estructura complica la operación y la gobernanza del recurso hídrico.

El exfuncionario señaló que su primera objeción es la ausencia de un capítulo sólido de inversión en infraestructura. Recordó que el derecho humano al agua “no se cumple con decretos”, sino con obras municipales de potabilización, drenaje y saneamiento, áreas donde los organismos operadores se encuentran en crisis y sin presupuesto suficiente.

En la discusión técnica, Luege identificó tres puntos críticos en la iniciativa: primero, que el proyecto centraliza en oficinas federales facultades que hoy ejercen los 13 organismos de cuenca, lo que considera un retroceso en un país con realidades hídricas muy distintas; segundo, la falta de claridad sobre la reasignación de volúmenes cuando cambia la titularidad de la tierra; y tercero, la prohibición de transmitir derechos de agua, un punto que genera rechazo entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y sectores industriales.

Luege recordó que el texto propuesto establece que, cuando un ejidatario o comunero venda su parcela, los derechos de agua no serán transmitidos, y deberán solicitarse nuevamente, lo que deja en incertidumbre jurídica a productores agrícolas e inversionistas. Afirmó que esta redacción “pone en riesgo la inversión y abre la puerta a conflictos”, por lo que pidió mantener la transmisión de derechos siempre que la concesión esté vigente.

El exdirector de Conagua también cuestionó que, pese a las mesas de discusión organizadas por el Congreso, el gobierno federal parezca decidido a aprobar la ley sin cambios de fondo. Consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca si ignora las propuestas de expertos, usuarios y académicos que piden ajustes técnicos y mayor descentralización.

Finalmente, Luege subrayó que sin inversión pública no habrá forma de garantizar el derecho humano al agua. Recordó que los presupuestos para modernizar organismos operadores municipales se desplomaron en los últimos siete años, y que el presupuesto federal actual no contempla recursos para ese fin.
Concluyó que aprobar la ley sin resolver la falta de infraestructura, eficiencia y financiamiento sería una reforma inútil.

GR