La contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano, aseguró que existe plena confianza en que el Tribunal de Justicia Administrativa confirmará las faltas graves detectadas en la contratación irregular de Eli Castro en el SIAPA, caso que se convirtió en uno de los señalamientos más polémicos durante la glosa del primer informe de gobierno ante el Congreso de Jalisco.

Durante su comparecencia, la funcionaria respondió los cuestionamientos de la ausencia de controles institucionales para evitar nombramientos sin perfil, así como otros casos de posible corrupción. Brito explicó que, desde que el tema fue revelado por la prensa, la Contraloría inició una investigación de oficio que derivó en un procedimiento administrativo contra cuatro personas servidoras públicas.

La contralora detalló que el expediente completo, con pruebas, testimonios y el derecho de defensa ejercido por los involucrados, fue remitido el último día de agosto al Tribunal de Justicia Administrativa. “Tenemos la seguridad de que nos van a confirmar la falta grave”, afirmó, al subrayar las “severas irregularidades” detectadas en la contratación.

Además, Brito reveló que la auditoría realizada a todas las dependencias estatales encontró una amplia falta de cumplimiento en los manuales de puestos: ocho de 20 dependencias y 25 de 52 organismos descentralizados carecen de estos documentos básicos, por lo que serán requeridos de manera perentoria. Señaló que corregir estas omisiones es clave para evitar que casos como el de Castro se repitan.

En otros temas, sobre la actualización de manuales de puestos, mecanismo clave para evitar contrataciones sin perfil, Brito reveló que 8 de 20 dependencias y 25 de 52 organismos descentralizados carecen de estos documentos, situación por la que serán requeridos con plazo perentorio.

Respecto al Hospital de Zoquipan, informó que la auditoría documental reveló irregularidades graves en la construcción de los quirófanos, los cuales fueron demolidos tras no cumplir la normativa sanitaria señalada previamente por COPRISJAL. Con base en oficios, declaraciones y la revisión de la entrega-recepción, se determinó un daño aproximado de 16 millones de pesos, ya denunciado ante la Fiscalía, en espera de que las personas involucradas ejerzan su derecho de audiencia antes de turnar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa.

También detalló que ya inició una auditoría al sistema de grúas en dos frentes: la Secretaría de Transporte, para revisar autorizaciones otorgadas, y la Secretaría de Seguridad, para verificar protocolos y memorias de la cabina de control, derivado de nuevas denuncias de grupos de grulleros.

En temas de transparencia, explicó que falta la publicación de la ley secundaria para formalizar el nuevo organismo. El proceso de liquidación administrativa del ITEI avanza conforme a la ley. Confirmó que la Junta de Coordinación Política ya revisa los requerimientos presupuestales para garantizar el funcionamiento del sistema.

CES