Las recientes convocatorias de la presidenta para reunirse con responsables de seguridad de entidades y municipios donde se ha registrado un incremento delictivo representan una estrategia acertada, afirmó el doctor Rubén Ortega Montes, académico del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Señaló que estas reuniones reconocen de manera implícita que la agenda federal tiene hoy dos alertas principales: la extorsión y la desaparición de personas, tanto forzada como cometida por particulares. Esto, dijo, evidencia que la federación asume su responsabilidad y llama a estados y municipios a coordinar acciones.

Ortega Montes explicó que la delincuencia aprovecha vacíos entre competencias federales y locales, así como la infiltración en corporaciones policiacas y fiscalías. Por ello consideró indispensable homologar leyes y estrategias, así como definir claramente quién actúa en cada ámbito, para que el Centro Nacional de Inteligencia opere de manera efectiva. Destacó que perfiles como el de Omar García Harfuch podrían impulsar esa eficiencia, siempre que se deje atrás la apatía institucional.

El académico planteó que la solución requiere una estrategia de gran escala, similar a los modelos de Colombia o Perú, con una policía nacional que concentre el control operativo y salarial. Afirmó que los cuerpos municipales no tienen capacidad para enfrentar a grupos criminales: carecen de armamento, salarios adecuados y sufren rezagos que agravan escenarios de violencia extrema, como coches bomba, drones explosivos y ataques a autoridades, hechos que calificó como terrorismo urbano.

Añadió que las familias de personas desaparecidas han exigido cambios, presupuesto y políticas claras para atender tanto la crisis de desapariciones como el reclutamiento criminal. Cuestionó cómo podrían esperarse resultados distintos con la misma fiscalía y estructura de administraciones anteriores.

Finalmente, confió en que la reunión de la presidencia con alcaldes reactive apoyos y programas de seguridad pública que permitan contratar personal, fortalecer a las policías y dotarlas de recursos, además de impulsar controles de confianza más estrictos. Según dijo, lo que se demanda no es violencia, sino estrategia, coordinación y compromiso real del Estado.