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Director acepta déficit y retrasos en el Siapa

Director acepta déficit y retrasos en el Siapa

El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), Antonio Juárez Trueba, rindió cuentas ayer ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y durante la sesión reconoció que aún no ha entregado el plan de reingeniería del organismo prometido al Legislativo y admitió que el incremento tarifario de 9.5 por ciento aprobado en 2025 no resolverá la crisis del sistema. Además, habló de la posibilidad de recurrir a deuda para enfrentar el deterioro de la infraestructura del Siapa.

El encuentro, realizado justo cuando el sistema pasa por una crisis ocasionada por el suministro de agua turbia en prácticamente el 10 por ciento de las colonias en donde opera, tuvo como objetivo revisar los resultados y acciones emprendidas tras el incremento tarifario aprobado el 3 de julio de 2025.

En su intervención, el coordinador legislativo de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, acusó al Siapa de mostrar falta de compromiso con el Congreso. Señaló que mientras el organismo actuó con rapidez para aplicar el incremento tarifario, ha sido omiso en la entrega de los informes técnicos, financieros y de calidad del agua que fueron solicitados por decreto.

Además, recordó que tanto la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) han señalado que el agua distribuida no es apta para consumo humano básico, por lo que exigió que el organismo garantice realmente agua potable a la población.

En su respuesta, Juárez Trueba aceptó explícitamente que aún no se ha entregado el plan de reingeniería con el argumento de que el documento ha sido producto de un proceso complejo para integrar las opiniones de la academia, los municipios y los hallazgos de las auditorías externas.

Por su parte, la coordinadora legislativa de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, cuestionó la contratación de empresas externas para la recuperación de cartera vencida, lo que calificó como una privatización disfrazada de funciones que deberían realizar los servidores públicos, especialmente cuando se pagaron 28 millones de pesos a una empresa privada por resultados que consideró insignificantes.

El director justificó que en su administración no se han contratado empresas externas, aunque admitió que estudia un convenio con el Servicio Estatal Tributario (SET) de la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) para aprovechar su capacidad de cobranza.

Por su parte, la coordinadora legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Refugio Camarena Jáuregui, acusó que el incremento tarifario aprobado hace un año al Siapa representó un “fraude” para la ciudadanía.

En su defensa, Juárez Trueba reiteró que la tarifa actual es insuficiente para resolver la crisis financiera del organismo. Explicó que “producir” un metro cúbico de agua potable cuesta 28.47 pesos, mientras que a los usuarios se les cobra, en promedio, 19.91 pesos, lo que genera un déficit operativo que limita la inversión.

Ante este escenario, el funcionario solicitó a los legisladores considerar la asignación de recursos específicos para renovar la red hidráulica, ya que el Siapa no cuenta con recursos adicionales para ejecutar obras de gran escala.

El coordinador de los diputados morenistas, Miguel de la Rosa Figueroa, advirtió fallas en el control de inventarios, compras realizadas con proveedores fuera del padrón oficial y duplicidad en pagos de pensiones entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), lo que habría generado un daño al erario cercano a 40 millones de pesos únicamente en 2024.

El director del organismo se deslindó de esas irregularidades al señalar que corresponden a periodos anteriores a su gestión y sobre la duplicidad en el pago de pensiones explicó que se han instalado mesas técnicas para buscar una salida jurídica que permita migrar de la modalidad 40 a la modalidad 38 del IMSS.

Finalmente, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Sergio Miguel Martín Castellanos llamó a que el titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, y la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito Serrano, intervengan en el Siapa para investigar omisiones, actos de corrupción interna y la existencia de auditorías que, según señaló, podrían haberse realizado “a modo”.

No hay dinero

Juárez Trueba aceptó que el Siapa no cuenta con recursos adicionales para ejecutar obras de gran escala y, a la par, pidió a los diputados contemplar la asignación de recursos específicos para renovar la red hidráulica.

En la Americana piden recursos para el sistema

Vecinos de la colonia Americana, en Guadalajara, se reunieron con el director del Siapa, Antonio Juárez Trueba, y tras escucharlo decir que no habrá solución inmediata a la mala calidad del agua porque no tiene dinero el organismo, hicieron un llamado al Ejecutivo y Legislativo para generar un presupuesto extraordinario, pero con transparencia.

“Lo que escuchamos nos preocupa. El propio director del Siapa manifestó que el organismo no cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia actual con la rapidez que se requiere, ni para realizar las obras necesarias que eviten que esta situación vuelva a repetirse”, describieron los vecinos en un comunicado.

En el mismo documento plasmaron cuatro exigencias. La primera tiene que ver con la petición al gobierno del estado y al Congreso de Jalisco para que asignen de forma urgente los recursos necesarios para realizar los desazolves pendientes en la red y restaurar la calidad del agua lo antes posible.

También solicitaron la asignación de presupuesto para las obras que se han señalado como necesarias: la construcción de un segundo acueducto, la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle y las mejoras de la red.

A la par piden que haya mecanismos claros de rendición de cuentas que permitan garantizar la visibilidad en la gestión y la utilización correcta de los recursos públicos, así como una revisión continua de la calidad del agua con información accesible para cualquier ciudadano, de modo que se pueda consultar en todo momento si el agua en las casas es segura. Lauro Rodríguez 

 

jl/I

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