En una sesión extraordinaria el Congreso de Jalisco designó a José Cárdenas como titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eligió a Mayra Cervantes como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y ratificó a Jorge Ortiz al frente de la Auditoría Superior del Estado; sin embargo, permanece sin cubrir una segunda magistratura, vacante que dejó el ex presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, debido a una suspensión judicial que mantiene detenido el proceso de nombramiento.

Con 37 votos a favor, José Félix Cárdenas Gaytán fue designado al frente del Órgano Interno de Control de la CEDHJ. Tras su nombramiento, señaló que dará continuidad al trabajo realizado, revisará los pendientes y definirá una nueva estrategia acorde a las reformas en materia de transparencia. 

Cuestionado sobre posibles vínculos o influencias con partidos políticos, respondió que no está afiliado a ningún partido y que su trayectoria incluye trabajo con gobiernos panistas, priistas y de distintas fuerzas políticas, lo cual, afirmó, no compromete su independencia. 

Por su parte, Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez fue electa magistrada del Supremo Tribunal de Justicia con 34 votos a favor, uno en contra y un voto para otra aspirante, para cubrir la vacante generada por el retiro voluntario de la exmagistrada María Eugenia Villalobos Ruvalcaba. 

Al ser cuestionada sobre supuestas influencias con grupos universitarios o partidistas, señaló que su relación con la Universidad de Guadalajara es de carácter académico y profesional, sin compromisos políticos. 

En la misma sesión, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez fue ratificado como titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco con 34 votos a favor. Ante los señalamientos sobre una posible influencia o respaldo de fuerzas políticas, el auditor sostuvo que la votación reflejó un apoyo plural de distintas bancadas.
Rechazó acusaciones de opacidad durante su primer periodo y añadió que su nueva gestión se caracterizará por la continuidad, la imparcialidad y una mayor comunicación de resultados, sanciones e inhabilitaciones.

Sobre la magistratura aún pendiente, la presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, la diputada Adriana Medina, explicó que el proceso permanece detenido por una suspensión judicial. Detalló que, aunque se inició un proceso de notificaciones, el Congreso no ha recibido una resolución formal que permita continuar.