Tras la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), el Congreso local tenía hasta el 15 de enero para aprobar leyes secundarias en materia de transparencia, pero a la fecha prevalece el pendiente y se justifica que no se ha avanzado por “detalles de carácter administrativo”. Hoy el avance del dictamen está en manos de un grupo de asesores parlamentarios.
Luego de la desaparición del Itei, aprobada por el pleno del Congreso local el 10 de junio de 2025, el Congreso trasladó la responsabilidad de garantizar la transparencia a la Contraloría del Estado y a los órganos internos de control de ayuntamientos y entes autónomos; sin embargo, para que estos organismos puedan operar formalmente como entes garantes era indispensable reformar las leyes secundarias en un plazo máximo de 90 días naturales.
Dicho plazo comenzó a correr a partir del 16 de octubre de 2025, cuando se publicó en el periódico oficial del estado la reforma constitucional que extinguió al órgano garante local, y concluyó el pasado 15 de enero sin que el Legislativo aprobara ni discutiera el paquete de reformas correspondientes.
El retraso ocurrió pese a que previamente se había anunciado la intención de sacar adelante estas modificaciones antes de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026 con el fin de integrar las nuevas funciones en la planeación financiera de la Contraloría del Estado.
El 23 de enero pasado, NTR publicó que, ante la omisión legislativa, la Contraloría Estatal recurrió a la ley general en materia de transparencia y publicó un acuerdo para asumir las funciones de órgano garante para el Ejecutivo estatal y los 125 ayuntamientos a partir del 16 de enero; no obstante, el documento fue publicado el martes 20 de enero en el periódico oficial El Estado de Jalisco.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, el morenista Alejandro Barragán Sánchez, reconoció que el dictamen de las leyes secundarias permanece detenido en comisión debido a “detalles de carácter administrativo”, aunque aseguró que no existen desacuerdos de fondo.
De acuerdo con el legislador, el documento técnico ya fue elaborado con la participación de académicos, organizaciones civiles y especialistas en la materia, y se encuentra en manos de todas las diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios; no obstante, los ajustes pendientes han impedido su presentación formal ante la comisión y su posterior discusión en el pleno.
El morenista sostuvo que, mientras las reformas no entren en vigor, continúa aplicándose la legislación vigente y los sujetos obligados deben seguir atendiendo las solicitudes de información pública. Precisó que el nuevo ente garante, dependiente de la Contraloría del Estado, comenzará a intervenir una vez aprobadas las leyes, principalmente en los casos de recursos de revisión por negativas o respuestas incompletas.
El diputado admitió que el retraso legislativo puede generar condiciones que incentiven la opacidad, aunque afirmó que la Contraloría y el equipo de transición se encuentran preparados para asumir funciones de manera inmediata, revisar posibles irregularidades acumuladas y aplicar las sanciones correspondientes.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María del Refugio Camarena Jáuregui, informó que el tema fue incorporado como prioritario dentro de la agenda legislativa. Detalló que las y los coordinadores parlamentarios acordaron integrar un grupo de trabajo conformado por asesores de todas las fracciones para retomar y concluir el análisis de la legislación en los próximos días.
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