El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentó un exhorto al Congreso del Estado para impulsar reformas constitucionales y legales que fortalezcan la integridad democrática y limiten la infiltración del crimen organizado en cargos públicos. El organismo advirtió que la presencia de personas con presuntos vínculos criminales en espacios de decisión pública representa una vulneración estructural de la democracia.

Indicó que el derecho a ser votado no es absoluto y que la función pública debe regirse por estándares más altos de integridad, por lo que omitir acciones ante indicios graves constituye una falla institucional.

El exhorto se organiza en dos propuestas centrales: reforzar los requisitos para acceder a cargos de elección popular y fortalecer la investigación de delitos de corrupción. En la primera, denominada “Achicar la puerta”, se plantea reformar la Constitución local para exigir como requisito de elegibilidad no haber sido sentenciado por delito doloso mediante resolución firme.

Además, se propone modificar el artículo 236 del Código Electoral de Jalisco para integrar dicho requisito como condición para el registro de candidaturas.

La iniciativa también prevé que la autoridad electoral pueda negar registros cuando se acrediten vínculos comprobables con la delincuencia organizada, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.

La segunda propuesta se enfoca en combatir la extorsión y la impunidad como problemas estructurales que afectan al Estado. En este punto, se plantea dotar de mayores recursos y atribuciones a la Fiscalía Estatal Especializada en Combate a la Corrupción para investigar de oficio delitos cometidos por funcionarios públicos.

Como parte del exhorto, se pidió al Congreso convocar a un Parlamento Abierto sobre blindaje democrático e integridad pública. El organismo propuso que participen especialistas, autoridades electorales, académicos, sociedad civil y sector productivo para enriquecer las iniciativas.

En las consideraciones finales se enfatiza que no se busca restringir derechos por sospecha, sino proteger el derecho colectivo a no ser gobernados por intereses criminales.

jl