El Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, la Sociedad Amigos del Lago de Chapala, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua la Salud y el Territorio, la Red de Mujeres de Jalisco Defensoras del Agua y el Territorio y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario acusan opacidad y violación a su derecho a la información sobre el Proyecto Ejecutivo de nuevo Acueducto Chapala-Guadalajara.
Precisaron que la obra, impulsada por el Gobierno de Jalisco y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) el cual, busca sustituir infraestructura para el abasto al Área Metropolitana de Guadalajara, sin embargo, el Comité de Transparencia resolvió reservar el proyecto ejecutivo bajo argumentos de seguridad nacional y salud pública.
Las organizaciones sostienen que la autoridad no acreditó plenamente la llamada “prueba de daño”, requisito indispensable para clasificar información pública. Explicaron que la CEA sólo justificó parcialmente el supuesto riesgo al interés público, sin demostrar daño real ni proporcionalidad en la restricción. Asimismo precisaron que al ser una obra pública financiada con recursos públicos la información no debe ocultarse.
Por lo anterior, dieron a conocer que el 13 de febrero fue promovido un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, bajo el expediente 91/2026, para impugnar la clasificación.
A través de esto se exige la entrega de una versión pública del proyecto ejecutivo, la debida fundamentación jurídica de la reserva, el respeto a estándares constitucionales e internacionales y la aplicación del Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a información ambiental y participación ciudadana.
Además, las organizaciones y representantes comunitarios denunciaron que el Gobierno del Estado negó, en al menos ocasión, la entrega del proyecto ejecutivo pese a que públicamente funcionarios de la CEA han afirmado que el documento ya está concluido y será dado a conocer.
De acuerdo con la ciudadanía, la primera solicitud de información se realizó el año pasado, cuando la autoridad respondió que el proyecto aún no estaba terminado. En una segunda petición, indicaron, se argumentó que las empresas contratadas para su elaboración habían solicitado una prórroga, mientras que el proyecto ejecutivo debió concluir en octubre pasado, pero el plazo se extendió a noviembre, señalaron.
Posteriormente, el 20 de enero la autoridad estatal negó formalmente la entrega del documento y entre el 20 y el 26 de enero, el Secretario de Gestión Integral del Agua declaró en conferencias y entrevistas que el proyecto estaba listo y que sería presentado públicamente.
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