La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 11/2026 al documentar omisiones de parte de la Fiscalía del Estado (FE) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en torno al Rancho Izaguirre.

Esta omisiones, señaló la defensoría, constituyeron violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia.

Las irregularidades no fueron sólo a partir del 5 de marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró el Rancho Izaguirre, sino que se acumularon desde septiembre de 2024, cuando comenzaron las investigaciones en el sitio tras haber sido intervenido por la Guardia Nacional (GN).

Entonces la corporación federal puso a disposición del ministerio público de la FE a 10 personas en calidad de detenidas; también se informó de la existencia de siete vehículos, armas y una osamenta.

En octubre de 2024 fue el IJCF al lugar para continuar con la inspección y localizó un lote óseo y varios objetos, pero entonces se dio la primera irregularidad, pues, de acuerdo con la CNDH, estos no fueron “asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente. Asimismo, algunas evidencias localizadas al interior no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial”.

Esto significó que tanto la Fiscalía como el IJCF no llevaron a cabo “de manera integral el procesamiento técnico de la totalidad de los indicios localizados”, lo que impactó directamente en “el análisis de la debida preservación del lugar de los hechos y la eficacia de la investigación”.

Sobre los vehículos, la CNDH no encontró evidencia de que se hayan realizado todos los peritajes necesarios y tres de ellos fueron sustraídos del lugar en noviembre de 2024, lo que indica que la Fiscalía no aseguró debidamente el rancho.

Este señalamiento lo refuerza el hecho de que, en febrero de 2025, un mes antes de que el colectivo Guerreros Buscadores acudiera al lugar, un policía de investigación alertó que el área estaba indebidamente asegurada.

Otra irregularidad de parte del IJCF fue que el dictamen de genética de las osamentas encontradas en septiembre de 2024 se emitió hasta marzo de 2025, lo que constituye un retraso injustificado, precisó la CNDH.

El organismo también responsabiliza a la Fiscalía de Jalisco del desorden generado en la visita al lugar el día 20 de marzo de 2025, en el conocido como ‘el tour del horror’.

Ante esto la CNDH pidió al IJCF y a la Fiscalía del Estado ofrecer disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad en un plazo de seis meses.

Tras la recomendación, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco indicó que los hallazgos de la CNDH llegan a confirmar las omisiones que denunciaron desde el inicio.

“Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia. Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia”. 

A la par exigió que no se minimice lo ocurrido en el Rancho Izaguirre y se documenten los indicios que apuntan al asesinato y calcinamiento de cuerpos, todo para garantizar el derecho a la verdad.

PROCESAMIENTO DEL RANCHO, AL 64%

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, su procesamiento va a un 64.44 por ciento, reconoció la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un comunicado. Las conclusiones que hay hasta el momento son que el sitio era un campo de adiestramiento y que las osamentas encontradas sí son humanas.

“Se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos. En el lugar, se contaba con un área simulada como casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción. De acuerdo con la información con la que se cuenta, en dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”, describió la FGR.

Los trabajos, añade, han permitido localizar indicios relevantes, como son dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, las referidas prendas de vestir, entre otros.

Estos indicios están siendo procesados y analizados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico, así como en el sector regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco. A la fecha se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención, según la FGR.

Sobre los fragmentos de restos óseos se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación; las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

La autoridad añadió que de manera paralela desarrolla diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información. Al momento, concluyó, ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

El rancho evidencia patrón criminal: Cepad

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) recordó que el Rancho Izaguirre no es un sitio aislado, sino que forma parte de una red y un patrón que opera en Jalisco desde al menos 2011, por lo que las autoridades deben investigarlo bajo esos términos con el fin de atender las múltiples causas estructurales y criminales que han permitido la operación de este tipo de sitios en los últimos 15 años.

“Lo que este hallazgo puso en evidencia no era nuevo. El patrón se repitió y expandió. Se ha documentado la existencia de al menos 12 centros de adiestramiento y 17 campamentos localizados entre 2011 y 2025”.

La organización recordó además que en este año la estructura criminal relacionada al caso no ha sido desarticulada en su totalidad, por lo que es un trabajo pendiente para la autoridad. Lauro Rodríguez 

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