El magistrado José Manuel de Alba, subdirector nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, advirtió que la elección judicial prevista para 2027 podría enfrentar un escenario aún más complicado que el proceso anterior.

En entrevista, señaló que la concurrencia con elecciones intermedias —que incluirán gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados y cientos de alcaldías— incrementará la complejidad operativa, lo que podría derivar en un proceso caótico. “No se augura más que otro desastre”, afirmó, al recordar irregularidades previas como el uso de “acordeones” y la baja participación ciudadana.

El magistrado cuestionó además el modelo de elección popular de jueces y magistrados, al considerar que se trata de un esquema poco común a nivel internacional y con antecedentes problemáticos en países como Bolivia.

Respecto al balance de la reforma judicial impulsada durante el sexenio, sostuvo que no se han observado mejoras sustantivas en la impartición de justicia. Por el contrario, afirmó que ha disminuido la productividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en la generación de jurisprudencias y resoluciones.

Explicó que actualmente muchos asuntos que antes eran resueltos en salas ahora se concentran en el pleno, lo que ralentiza los procesos. A ello se suma, dijo, un entorno de desánimo dentro del Poder Judicial, donde la carrera judicial ha perdido incentivos ante un sistema que prioriza la exposición pública sobre la preparación técnica.

El magistrado también alertó sobre la salida de integrantes del Poder Judicial. Indicó que, además de los aproximadamente 800 cargos que fueron renovados, entre un 10 y 15 por ciento adicional de jueces y magistrados ha optado por renunciar, inconformes con las nuevas condiciones.

En materia laboral, denunció irregularidades en el pago de liquidaciones, señalando que aún hay casos pendientes y compensaciones incompletas. Afirmó que estos despidos, al derivar de una reforma constitucional, no pueden ser impugnados mediante amparo, lo que coloca a los afectados en estado de indefensión.

GR