La subdirectora de programas de Amnistía Internacional, sección mexicana, Adriana Cecilia Sánchez Gómez, advirtió que en el país hay restricciones que dificultan cada vez más la operación de organizaciones de la sociedad civil, lo que limita el derecho de asociación.

Señaló que las recientes medidas fiscales y administrativas relacionadas con la autorización para recibir donativos deducibles están impactando la capacidad operativa de al menos 250 organizaciones, muchas de ellas dedicadas a la defensa de derechos humanos y al acompañamiento de poblaciones vulnerables.

Adriana Cecilia Sánchez explicó que este fenómeno forma parte de un patrón más amplio identificado en el informe regional “Rompiendo el tejido social”, el cual documenta la implementación de las llamadas “leyes anti ONG” en América Latina. Estas, detalló, operan a través de tres mecanismos principales: la generación de temor, la asfixia económica y la imposición de requisitos que condicionan la existencia misma de las organizaciones.

La representante de Amnistía subrayó que la sociedad civil cumple una función de contrapeso frente a los gobiernos, al acompañar víctimas, documentar violaciones a derechos humanos y promover cambios legislativos, por lo que advirtió que su debilitamiento afectaría en la calidad democrática.

GR