El Informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México presentado la semana pasada no acusa al Estado mexicano de tener una política criminal, sino de ser omiso o incluso cómplice de esas acciones, sostuvo Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Explicó que los expertos de la ONU han utilizado el término aquiescencia para referirse al consentimiento o complicidad por acción u omisión por parte de las autoridades para que células delictivas desaparezcan a personas, y muestra de ellos es el Rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento de tal dimensión que no es creíble que las autoridades locales no se hayan enterado.

Afirmó que no hay estado de la República Mexicana que no registre desapariciones forzadas, unos con mayor dimensión que otros, pero todos tienen registros, por los que las desapariciones sí son generalizadas.

En entrevista para InformativoNTR con Sonia Serrano señaló que las autoridades no han hecho lo suficiente en atender esta crisis y, bien es un hecho inédito que la ONU haya activado del Artículo 34 para llevar este asunto a la Asamblea General, México tiene la oportunidad de recibir ayuda internacional para atender esta crisis humanitaria.

Dijo que en México la crisis de desaparecidos va de la mano con la forense, pues hay miles de cadáveres y segmentos anatómicos descansando en los servicios médicos forenses por falta de voluntad política para crear los perfiles genéticos e identificarlos.

jl