De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los Derechos Humanos ambientales en México 2025, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en Jalisco ocurrieron tres de los 10 asesinatos de personas defensoras registrados el año pasado en el país, así como una desaparición.

Los asesinatos de personas defensoras ocurridos en Jalisco durante el 2025 fueron los de Karina Ruíz Ocampo, de El Arenal; Cándido Esaú Román Pérez, de Cihuatlán, y Marcos Aguilar Rojas, de Villa Guerrero. El primero ocurrió en mayo y los dos últimos en noviembre.

El informe señala que durante 2025 se documentaron 135 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente y del territorio en México que derivaron en 314 agresiones específicas, lo que confirmó un repunte en la violencia respecto al año anterior.

El documento añade que estas cifras colocan a 2025 como el segundo año con más ataques desde 2015, solo por debajo de 2022, cuando se registraron 197 eventos.

Aunque las agresiones letales disminuyeron, con 10 asesinatos de defensores, el informe advierte que el contexto sigue siendo de alto riesgo, ya que no existe una reducción sostenida de la violencia.

Entre los tipos de agresión más frecuentes se encuentran la estigmatización, que concentró el 28 por ciento; la intimidación, con 13 por ciento, y la difamación, con 11 por ciento; que en conjunto representan más de la mitad de los ataques. Estas conductas, señala el informe, han crecido especialmente en el ámbito digital.

Asimismo, revela que la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca concentraron los ataques el año pasado con 39, 20 y 17, respectivamente, mientras que Jalisco destacó por su nivel de violencia letal.

Em ese sentido, a nivel nacional las principales víctimas fueron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, seguidas por pueblos y comunidades indígenas, que en conjunto concentraron cerca del 75 por ciento de los casos.

Por tipo de conflicto, el relacionado con el sector hídrico encabezó las agresiones, seguido por la defensa de la biodiversidad y proyectos de vías de comunicación.

El reporte señala al Estado mexicano como el principal responsable de las agresiones, con participación en 76 eventos, a través de corporaciones de seguridad y autoridades. Le siguen actores del sector privado, con 13 casos, y la delincuencia organizada, con 12 casos.

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